Argimiro y María, de 80 y 81 años, triunfan contra el Estado 25 años después de su expropiación | Noticias de Madrid

Hace un cuarto de siglo, María Pindado y Argimiro Rubio se enteraron de que su finca en las afueras de Madrid iba a ser expropiada por el Estado, donde disfrutaban de los fines de semana y las vacaciones familiares. El motivo era, claro, un bien superior: debía construirse la nueva autopista de circunvalación, la M-50, bajo el plan del Gobierno de José María Aznar. Todo sucedió tan rápido que un día despertaron y vieron máquinas derribando su propiedad sin tiempo para retirar las bicicletas de sus hijos. Pasaron los años y el asfalto ocupó el espacio lleno de recuerdos, pero la indemnización prometida no se materializaba. Se quedaron sin tierras y sin dinero. Hasta que, el jueves 2 de octubre, poco antes del mediodía, sonó el teléfono.

María, a sus 81 años, estaba en su salón de Carabanchel pintando manualidades cuando recibió una llamada de su abogado, Ángel Galindo. Al otro lado de la línea, la voz eufórica de Galindo resonaba, con el bullicio del tráfico de fondo. El abogado había aparcado para leer la notificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le daba la esperada sentencia. Se sintió tan feliz que decidió llamar a sus clientes para compartir la buena nueva. Finalmente, un cuarto de siglo después de la expropiación, la justicia reconocía el derecho de María y Argimiro a ser indemnizados, aunque ella se sintió un poco decepcionada.

“Estaba más contento Galindo que yo”, dice María un par de semanas después, al recibir en su casa al abogado y a este periódico. “No me lo creeré hasta que vea el dinero”, agrega, y aclara: “No soy avariciosa, pero esto lo compramos con el esfuerzo de mi marido”.

María es pequeña, enérgica y muy receptiva. Ofrece café descafeinado, bombones y galletas en una bandeja. Su esposo, más calmado, deja de ver un partido de fútbol y se une a la conversación, en una sala decorada con fotos de sus cuatro nietos. Este es el closest thing to a celebration they have done so far.

Argimiro adquirió ese terreno en Boadilla del Monte en 1977 por 707.880 pesetas, aprovechando el éxito de su taller de barrio que había iniciado cinco años antes en la capital, especializado en la fabricación de ventanas, un oficio que había aprendido al llegar a Madrid desde Campillo, su pueblo en León.

Boadilla es ahora uno de los municipios más prósperos de España, pero en ese entonces era un pequeño pueblo con terrenos asequibles para madrileños de clase media en busca de una segunda residencia en plena naturaleza. La finca de 6.943 metros cuadrados contaba con una casa de 70 metros cuadrados, piscina y jardines llenos de melocotoneros, manzanos y almendros. El matrimonio conserva un álbum de fotos que refleja una familia grande y feliz disfrutando de largos días de verano.

―¡María, lo han dicho cuatro jueces!―, exclama el abogado animando a la pareja, y se prepara para leer en su ordenador el inicio de la sentencia ―No sólo un juez, ¿entienden? Los ilustrísimos señores… tatatá.

La sentencia de la Sala Segunda del TSJM obliga al Ministerio de Transportes a valorar la finca. El Gobierno cuenta con 30 días para apelar al Supremo. Un portavoz no ha respondido a EL PAÍS sobre si lo harán.

“¿Y si nos morimos?”, dice ella, pensando en lo peor y temiendo que el ministerio interponga ese último recurso, lo cual podría prolongar la espera otros años. Durante esta larga espera, María ha superado un cáncer. Si ellos faltan, sus hijos heredarán lo que les adeudan. “Lo único que deseo es quedarme tranquilo sabiendo que lo verán ellos”, dice Argimiro.

Ambos no logran explicar la razón por la cual llevan años sin recibir el pago. Argimiro recuerda que, tras recibir la notificación de la expropiación (el 11 de mayo de 2000), asistió junto a otros expropiados a reuniones en el Ayuntamiento de Boadilla. Luego decidieron confiar en su abogado, Galindo, debido a la complejidad de los trámites. La constructora, Accesos de Madrid, SA, les adelantó 15 millones de pesetas (unos 90.000 euros en la actualidad sin considerar la inflación), pero, a diferencia de otros expropiados, ellos no vieron el resto por una disputa entre el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Ministerio de Fomento sobre quién debía pagar.

Las circunstancias se tornaron más complicadas. El alcalde popular, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, dimitió en febrero de 2009, días después de que se destapara el caso Gürtel, una trama de amaño de contratos públicos dentro del PP (Panero cumple una condena de 36 años en Alcalá Meco) y la constructora quebró en 2012.

El abogado que eligieron, Galindo, no era un jurista común. Fue concejal de un partido independiente en Boadilla y compañero de José Luis Peñas, el concejal del PP de Majadahonda que expuso el caso Gürtel. Galindo está convencido de que el Ayuntamiento de Boadilla se negó a pagar como represalia por haberlo elegido como representante.

―Han sido vuestros enemigos y los míos,― les dice el abogado.

―¿Pero quién es El Albondiguilla?, no lo conozco―, responde María, ―Las cosas políticas no me interesan. Lo que me importa es que mis hijos tengan trabajo.

―La política es para los políticos―, agrega Argimiro.

En 2019, interpusieron una demanda contra el Ayuntamiento de Boadilla. Su abogado explica que esperaron tanto porque aguardaron el desenlace de un “pleito interminable” entre el ministerio y el consistorio respecto a los pagos. Sin embargo, en 2022, un juez falló en contra del matrimonio. Después de esa derrota, decidieron demandar al ministerio, con éxito esta vez.

En su fallo reciente, el TSJM condena al Gobierno, indicando que si lo considera apropiado, esta Administración podrá reclamar a posteriori al municipio. La pareja recibió una suma “mínima”, dice la sentencia del TSJM sobre los 15 millones de pesetas adelantados. Argimiro y María ahora solicitan más de un millón de euros.

La constructora en quiebra, acosada por acreedores que desean recuperar su dinero, también puede apelar, según el abogado que la representa, Juan Manuel Lorenzo. ¿Por qué harían algo así? Aunque la empresa no haya sido condenada, el Estado podría accionar legalmente en su contra, explica Lorenzo, quien prefiere no revelar cuál será su decisión.

Dos veces expropiado

El tramo de la M-50 que cruzó la finca fue inaugurado el 16 de febrero de 2004 por el presidente Aznar, un mes antes de las elecciones generales. Decenas de miles de vehículos circulan a diario por esa área, que colinda con un barrio de viviendas adosadas y bloques de pisos en Boadilla conocido como Sector B.

Sin más opciones, Argimiro ha tenido que conducir su coche por ese tramo en algunas ocasiones, aunque la experiencia no es placentera: “Cuando paso por ahí, siento en el cuerpo un leve runrún”.

Recordando su vida, Argimiro recuerda un detalle notable. Esta no es la primera vez que lo expropian. En los años sesenta, cuando alcanzó la mayoría de edad, sus padres vieron cómo el régimen franquista requisaba sus propiedades con el fin de construir en León el embalse del Porma, que sumergió varios pueblos, incluido Campillo, donde él había crecido y donde su familia poseía una casa y varias fincas para pastar vacas.

“Ahí sí que pagaron”, dice él. “Pero cuatro perras”. Relata ambas expropiaciones con resignación, con la infinita paciencia de alguien que aún no se cree que la justicia le haya sonreído.

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