El Tribunal Superior de Bogotá exime a Álvaro Uribe de todas las acusaciones.

El juicio penal contra Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente colombiano condenado en más de 50 años, ha concluido en segunda instancia de manera acelerada. Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver al líder de la derecha en un caso que ha alterado el panorama político colombiano durante 13 años. El 1 de agosto, una jueza impuso al exmandatario una pena de 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal, orden que debía cumplirse de inmediato en su residencia. Sin embargo, Uribe fue liberado 20 días después, cuando el mismo Tribunal Superior dejó sin efecto esa decisión. Ahora, un panel de tres magistrados lo ha exonerado de los delitos de soborno y fraude procesal.

La mañana del martes estuvo dedicada a la lectura del resumen de la sentencia de segunda instancia, donde los magistrados analizaron, uno por uno, los cinco hechos que llevaron a la condena inicial de Uribe. La sesión comenzó con los tres casos de soborno: el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido como Víctor; el testimonio de Eurídice Cortés, alias Diana; y la declaración de Juan Guillermo Monsalve. En los tres casos, se encontraron inconsistencias y contradicciones en los testimonios. «No es suficiente con que exista una dádiva; debe demostrarse la intención ilícita», leyó el magistrado Manuel Merchán en el contexto del caso de Monsalve.

Respecto a Vélez, el tribunal determinó que nunca indicó que el expresidente tuviera la intención de sobornarlo para cambiar su testimonio. El magistrado fue contundente al referirse a la “mendacidad” del testigo y ordenó compulsar copias para investigarlo por falso testimonio. Merchán también fue crítico con la valoración de las pruebas hecha por la jueza Sandra Heredia, quien emitió la condena inicial, afirmando que «introdujo hechos ajenos a la acusación, vulnerando el principio de congruencia y el derecho de defensa».

El Tribunal argumentó que “el conocimiento de Uribe sobre las gestiones de Cadena [su abogado] no constituye, por sí solo, un delito de soborno”. Respecto a la relación del expresidente con este abogado, se explicó que Mario Uribe —primo segundo del exmandatario y condenado por nexos con el paramilitarismo— le presentó al defensor en una reunión en la que no se comprobó la comisión de delitos. “No hay pruebas de subordinación funcional ni de que el contrato de mandato penal implicara obediencia legalmente relevante. Las interceptaciones muestran que Cadena informaba sobre gestiones ya realizadas, sin evidencias de presión o inducción delictiva por parte del acusado”.

Al finalizar la diligencia, el magistrado enfatizó que “algunos testigos testificaron sobre hechos que desconocían, motivados por expectativas de beneficios”. Comentó que estas motivaciones son relevantes en un contexto donde Monsalve y Vélez se encontraban en prisión y tenían interés en obtener ventajas en el ámbito de la justicia transicional. «La condena otorgó plena credibilidad a testimonios adversos sin considerar intereses subyacentes, lo que sugiere un mercado de información», expuso el magistrado, quien apuntó que en el proceso se debía tener en cuenta el interés del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda en el desenlace del caso. «Es un aspecto que debe ser considerado junto con las demás pruebas».

Después de desvirtuar los tres casos de soborno, el magistrado abordó los dos hechos de fraude procesal en los cuales la primera instancia concluyó que el expresidente intentó manipular el proceso. El primero está relacionado con las gestiones del abogado Cadena para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se retractara de sus declaraciones en contra de Uribe y afirmara que había sido presionado por el senador Cepeda para hacerlo. El segundo involucra el testimonio del narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, quien también fue contactado por Cadena mientras estaba encarcelado en Estados Unidos para que redactara una carta con una declaración favorable a Uribe. En este escrito, el exparamilitar niega vínculos entre el expresidente y el paramilitarismo y acusa a Cepeda de intentar manipular testigos. El Tribunal concluyó que tampoco hay evidencia de que Uribe cometiera este delito, ya que el fallo inicial “debía demostrar si Sierra mintió de manera dolosa”, y concluyó que la responsabilidad del expresidente “se basó únicamente en el beneficio obtenido, sin pruebas sólidas de que la idea [de manipular el testimonio] se originara en Álvaro Uribe Vélez”.

Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, liderados por Manuel Antonio Merchán, indicaron que la sentencia en segunda instancia consta de más de 700 páginas que examinan las pruebas del caso y las consideraciones de la jueza Sandra Heredia que llevaron a la resolución inicial. Su análisis desestimó las interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 sobre las comunicaciones de Uribe. Ese año, la Corte Suprema de Justicia había ordenado interceptar al entonces congresista Nilton Córdoba Manyoma por el caso del Cartel de la Toga, pero un error de digitación resultó en grabaciones de conversaciones de Uribe Vélez.

A pesar de que la jueza Heredia había validado esas pruebas, el magistrado Merchán indicó que el tribunal decidió excluirlas. “La interceptación convierte la información obtenida en prueba ilícita, inexistente por nulidad en pleno derecho”, explicó, mientras que la sentencia inicial argumentaba que no eran excluibles a pesar de haberse originado en un error, ya que la Fiscalía podría usar las grabaciones al revelar posibles hechos delictivos.

Un proceso largo con una última instancia

La decisión en segunda instancia llega dos meses después de la histórica condena a un exmandatario, quien sigue siendo una figura central en la fuerza de la derecha. Mientras que aquella condena fue percibida como un cataclismo político, la sentencia de este martes, en el marco de un panorama electoral previsible, representa un nuevo giro que ya tiene un precedente. Después de que el 1 de agosto la jueza Heredia impusiera a Uribe una pena de 12 años de prisión domiciliaria y, de forma poco convencional, ordenara su cumplimiento sin esperar el resultado de la apelación, el líder conservador presentó una tutela para recuperar su libertad. La justicia le dio la razón el 19 de agosto, sosteniendo que la detención domiciliaria era “desproporcionada y vulneraba su derecho a la presunción de inocencia”. Esto le otorgó un nuevo impulso a Uribe, quien horas después reapareció en Antioquia, su departamento natal y principal bastión electoral, donde activó su campaña presidencial.

Con ese respaldo, el líder del partido derechista Centro Democrático luego decidió renunciar a la prescripción del caso, lo que extendía el límite para la sentencia de segunda instancia hasta el 15 de octubre o le permitía ser exonerado. Esta decisión de Uribe contrastó con las afirmaciones de la jueza Heredia, quien lo acusó de utilizar tácticas dilatorias para evadir una condena, algo que tanto él como sus abogados siempre negaron. De cualquier forma, su renuncia amplió el plazo para que el Tribunal se pronunciara hasta octubre de 2027. No obstante, los magistrados requirieron mucho menos tiempo para resolver este juicio, el más significativo de las últimas décadas en Colombia, que ha tenido varios giros en los últimos dos meses.

Con una segunda instancia a su favor, queda un último escenario para definir su futuro judicial, que es el recurso de casación al cual las víctimas del proceso han anunciado que recurrirán. Este recurso llevaría el expediente a la Corte Suprema de Justicia, el mismo lugar donde comenzó el proceso hace 13 años. En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por manipulación de testigos, y tras seis años de indagaciones, el alto tribunal archivó el caso contra Cepeda y lo reabrió contra Uribe Vélez. El expresidente renunció en 2020 a su curul en el Senado para evitar ser juzgado por el alto tribunal, pero con el tiempo, su caso ha vuelto a estar en el foco del sistema penal.