Esto no se quedará así

El Ministerio de Sanidad y los responsables autonómicos se preparan para un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud lleno de tensión. En el centro de la discusión está la negativa de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) a compartir los datos de los programas de cribado de cáncer, en medio de la crisis provocada por los fallos en el sistema andaluz de detección de cáncer de mama. La reunión de este viernes será un nuevo pulso entre el Gobierno central y las autonomías en torno a la transparencia sanitaria.

Un cónclave de alta tensión al que Sanidad llega con la intención de estudiar el marco jurídico para obligar -si fuera necesario- a la cooperación de estas autonomías rebeldes. “El Ministerio de Sanidad está analizando el marco jurídico, pero lo que puedo asegurar es que esto no se va a quedar aquí. Este viernes celebramos un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y será el momento de ver qué comunidades autónomas están comprometidas con la transparencia y cuáles prefieren seguir ocultando información a las mujeres y a la ciudadanía”, indican a ElPlural.com fuentes del Ministerio que dirige Mónica García.

Según confirman fuentes ministeriales, en la sesión “podría abordarse” concretamente la situación que surgió tras los fallos detectados en el programa andaluz de detección precoz de cáncer de mama –que expuso serios retrasos en la comunicación de resultados– y la consiguiente negativa de las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana) a enviar sus datos de cribados. El encuentro de este viernes será el primer cara a cara institucional entre Sanidad y los gobiernos autonómicos implicados desde que comenzó el conflicto, reunión que irónicamente había sido solicitada por la propia Junta de Andalucía en su respuesta al Ministerio.

El origen inmediato de esta confrontación se encuentra en Andalucía, donde a principios de octubre se reveló un escándalo en el cribado poblacional de cáncer de mama. Se descubrió que aproximadamente 2.000 mujeres habían estado durante meses “en el limbo” sin recibir los resultados de sus mamografías, lo que retrasó diagnósticos y tratamientos. La gravedad de la situación llevó a la dimisión de la consejera de Salud andaluza, Rocío Hernández, y obligó al gobierno autonómico de Juanma Moreno a anunciar de urgencia un plan de choque para revisar los casos afectados. Este fallo sistémico, junto con la evasión de la Junta, generó alarma social y puso en tela de juicio la eficacia de los programas de cribado en esa comunidad –y por extensión, en todo el país.

Como reacción, la ministra de Sanidad, Mónica García, decidió actuar más allá de Andalucía. A mediados de octubre, Sanidad solicitó a todas las Comunidades Autónomas información detallada sobre sus programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años. El objetivo declarado era comprobar el funcionamiento de estos programas preventivos en todo el territorio y detectar posibles fallas similares a las de Andalucía.

Plantón de las comunidades del PP

No obstante, la petición de Sanidad encontró una sólida resistencia por parte de un bloque de gobiernos autonómicos de signo político contrario. Todas las comunidades gobernadas por el PP –entre ellas Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana– se negaron a enviar la información solicitada por el Ministerio. En cartas casi idénticas enviadas a la ministra Mónica García, los consejeros de Salud de estas autonomías rechazaron proporcionar los datos e indicadores de sus cribados oncológicos. Alegan que los programas de cribado son una competencia “exclusiva” de las comunidades autónomas y que la iniciativa del Ministerio “parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política”.

Las comunidades insumisas también presentan razones técnicas para justificar su postura, recordando que Sanidad carece de un sistema informático plenamente operativo para centralizar los indicadores de cribado y que el propio Ministerio “no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados” más allá de datos básicos de cobertura.

La respuesta del Ministerio de Sanidad ante este planteo sin precedentes fue inmediata y contundente. La ministra Mónica García acusó abiertamente a las comunidades del PP de “ocultar” los datos de los cribados porque, según ella, sus resultados son deficientes y evidenciarían “la mala gestión de los respectivos gobiernos”. “La falta de transparencia revela un modo de incompetencia”, ha llegado a declarar García, enfatizando que los datos de salud “no pertenecen a las comunidades ni a las consejerías, sino a los ciudadanos. “Están privando a las mujeres de la tranquilidad de saber que su comunidad autónoma lo está haciendo bien… Y esto, lo siento mucho, no tiene justificación”, censuró la ministra, anunciando que Sanidad utilizará la Ley de Transparencia “hasta sus últimas consecuencias” para asegurar que esta información se haga pública.

Ante la firmeza de las autonomías renuentes, Sanidad estudia ahora medidas legales para forzarlas a colaborar. Además de la vía de la Ley de Transparencia –que permitiría requerir oficialmente los datos e incluso acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno– el departamento de García no descarta otras acciones. “Esto no va a quedar así”, insisten las fuentes ministeriales consultadas, subrayando que acudirán “hasta el final” para que se respeten los principios de publicidad y acceso a la información sanitaria. El Ministerio considera que la negativa del PP constituye una quiebra del principio de lealtad institucional en materia de salud pública, y busca hacer valer el derecho de los ciudadanos a saber cómo operan unos programas que pueden “no dar votos, pero salvan vidas”, según las propias palabras de García.

Un pulso político-sanitario con las pacientes como telón de fondo

Por lo pronto, el Consejo Interterritorial de este viernes mostrará las cartas de cada parte. En el foro donde confluyen el Ministerio y los consejeros de Salud de todas las autonomías, quedará claro qué comunidades están dispuestas a colaborar y cuáles persisten en el bloqueo. Cabe destacar que no todos los gobiernos del PP han mantenido la misma actitud de máxima rebeldía: el Ejecutivo de Canarias –una coalición regional con participación del PP– ha confirmado que sí facilitará los datos solicitados.

La reunión interterritorial se anticipa tensa. Sanidad confía en sumar apoyos de otras comunidades autónomas (gobernadas por distintas fuerzas políticas) para aprobar una postura común a favor de la transparencia en los cribados. Por su parte, los representantes del PP acudirán previsiblemente alineados, después de que la dirección nacional del partido –Génova– acordara con sus gobiernos regionales esta estrategia de insumisión informativa ante el Ministerio. Más allá de la batalla política, está en juego la confianza de millones de mujeres en unos programas de prevención que pueden salvar vidas.