El Gobierno retrasa desde hace meses la expulsión de numerosos menas problemáticos en Madrid.
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- 27 de octubre de 2025
La Delegación del Gobierno en Madrid sigue sin avances en la expulsión de numerosos menores inmigrantes problemáticos que están bajo tutela en la región. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha enviado un total de 58 expedientes de repatriación sobre menas con dificultades de integración desde el pasado mes de abril, pero hasta ahora ninguno ha sido resuelto.
La consejera Ana Dávila envió este lunes una nueva carta al departamento que dirige Francisco Martín para denunciar la falta de acción del Ejecutivo, única administración responsable en este asunto. «Es inaceptable que, mientras la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2018 a más de 11,000 menores extranjeros no acompañados, 1,532 solo en lo que va del año, el Gobierno de España no solo no haya iniciado ninguno de oficio, sino que además mantenga inactivos expedientes completamente justificados por informes técnicos que buscan hacer efectiva la reunificación del menor con su familia o su entorno de origen, ya que es beneficioso para su desarrollo personal y social», menciona la misiva.
La Comunidad de Madrid, encargada de la tutela de los menores extranjeros no acompañados, ha estado advirtiendo desde hace meses sobre perfiles de adolescentes cada vez más complejos y problemáticos, «con conductas disruptivas y serias dificultades de adaptación». Este fin de semana, de hecho, la Policía Nacional detuvo a dos menores del centro de acogida de Hortaleza, en la capital, por amenazas y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga. Los incidentes son cada vez más frecuentes y los dos últimos expedientes se enviaron la semana pasada, según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
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«Esta situación exige una respuesta contundente del Gobierno de España en la tramitación de la reagrupación familiar de estos menores y su disposición a los sistemas de protección de los países de origen, ya que la Comunidad de Madrid no puede ni debe asumir una responsabilidad que legalmente corresponde al Gobierno de España», agrega Dávila, quien insta a Martín a «agilizar» la tramitación de los expedientes aún pendientes, además de «reforzar la vigilancia exterior de los centros para garantizar la seguridad de los propios residentes y del resto de ciudadanos».
La Delegación del Gobierno, consultada por este periódico, avanza que pronto responderá a la carta, pero no especifica el estado de las repatriaciones. «Se está recopilando información para tomar la decisión sobre la apertura o no de los expedientes», indican, tras subrayar que cumplen con los procedimientos establecidos para «garantizar el interés superior de los menores».
Francisco Martín ya se refirió a este tema a principios del pasado mes de septiembre, cuando la Comunidad de Madrid aún mencionaba 37 expedientes sin resolver. El delegado del Gobierno redujo la cifra a una treintena y acusó a Isabel Díaz Ayuso de seguir la agenda de «odio» de Vox contra los inmigrantes, aunque tampoco ofreció un calendario sobre la expulsión de los menores problemáticos. Martín afirmó entonces que «estaban trabajando en ello», pero la realidad es que casi dos meses después, la situación permanece estancada. Las repatriaciones están suspendidas.
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La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, sin embargo, aclara las explicaciones de Martín y sostiene que el Gobierno intenta trasladarles la responsabilidad de solicitar la información sobre los menores a los países de origen. «Nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte, los expedientes están completos, esa tarea corresponde al Gobierno central, pero utilizan esta táctica para bloquear la expulsión de los menores», afirman fuentes del departamento que dirige Dávila, quien también apela al «interés superior del menor» y sostiene que la reunificación con sus familias es la mejor solución para evitar situaciones de trata o consumo de drogas.
La titular de la consejería, precisamente, critica en su escrito la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez y califica el requerimiento de información como «impertinente»; si la inacción persiste y se producen incidentes graves, la responsabilidad recaerá, sin duda, en la Administración competente por haber incumplido sus obligaciones, pese a las reiteradas advertencias de este Gobierno regional«, concluye Dávila sobre los problemas de convivencia en los entornos de los centros de menores inmigrantes, como Hortaleza o Fuenlabrada.
La Delegación del Gobierno en Madrid sigue sin avances en la expulsión de numerosos menores inmigrantes problemáticos que están bajo tutela en la región. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha enviado un total de 58 expedientes de repatriación sobre menas con dificultades de integración desde el pasado mes de abril, pero hasta ahora ninguno ha sido resuelto.