El Gobierno divulga su informe final para desmantelar la Fundación Francisco Franco: “Menosprecia la dignidad de las víctimas” | España

El Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para disolver la Fundación Francisco Franco, enviando este viernes a la entidad el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” de la organización. Esta resolución es el primer paso antes de que el ministerio, a través de la Abogacía del Estado, remita este mismo texto a la autoridad judicial para que comiencen los trámites legales correspondientes para la extinción. El documento, al que ha accedido EL PAÍS, argumenta que los objetivos de la fundación contravienen la Ley de Memoria Democrática. Esto se debe a que no persigue “fines de interés general” y lleva a cabo “actividades contrarias a los mismos”. Además, se considera que hace “apología del franquismo” y “humilla la dignidad de las víctimas”. La Fundación tiene ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Fuentes ministeriales defienden que el proceso de extinción es inédito y afirman que aliviará el sufrimiento de cientos de personas afectadas por el franquismo. “No debemos olvidar que la Fundación recibe beneficios fiscales. Los ciudadanos no deberían financiar estas actividades antidemocráticas”, comentan fuentes del Gobierno.

Este avance reciente del Gobierno para disolver la Fundación Francisco Franco es el culmen de un largo camino que comenzó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, legislación que regula el derecho de asociación y que desde entonces permite ilegalizar entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo.

Para justificar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura solicitó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última analizó todo el contenido del sitio web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes”, así como la cobertura mediática de la fundación entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.

Este contenido resulta revelador. Por ejemplo, hay textos que afirman que “el franquismo no perpetró un genocidio, la II República sí”, que niegan los hechos ocurridos durante el bombardeo de Gernika en la Guerra Civil o aseguran que el escándalo de los niños robados es falso. También se encuentran artículos con un marcado tono propagandístico, que utilizan términos como “alzamiento” (en lugar de golpe de Estado) o “cruzada” (en lugar de Guerra Civil).

El informe de la secretaría también incluye testimonios de víctimas del franquismo donde se evidencia “cómo el negacionismo de la Fundación respecto a la violencia y la represión” les causa daño y “afronta” su derecho a la verdad. Los relatos describen diversas situaciones. Por ejemplo, una víctima que se encontró en una plaza de Granada con un grupo de “gente de esta” cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que le provocó un episodio de malestar físico y psicológico.

Uno de los relatos dice: “Cada vez que veo en medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, siento que se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no puedo expresar palabra alguna. En ese instante, resurgen recuerdos de la desaparición de mi tío”. Otro concluye: “Cada vez que leo un manifiesto firmado o una declaración por esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, no siento necesariamente una agresión física, pero todos los recuerdos de mi infancia, sin mi padre, la ausencia por culpa de una guerra cruel y sinrazón, se reactivan”.

El estudio destaca que el contenido publicado por la fundación desmerece a las víctimas, niega y minimiza los hechos y distorsiona la historia. “El análisis de aproximadamente 5.500 textos publicados en su página web permite concluir que los objetivos y las acciones de la Fundación no persiguen el interés general, ya que son incompatibles con muchos de los que menciona el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, indica el documento.

Dicha ley establece que “existirá causa de extinción cuando las fundaciones no busquen fines de interés general o realicen actividades contrarias a ello. A tal efecto, se considera del interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o exalte a sus dirigentes, menospreciando y humillando la dignidad de las víctimas […] o incitando directa o indirectamente al odio o violencia contra ellas por su condición de tales”.

El estudio de la SEMD destaca que “los fines de promoción y desarrollo de la educación, la investigación y cualquier otra actividad cultural [impartidas por la Fundación] son en realidad herramientas” para “ofrecer una visión inequívocamente positiva del franquismo”.

Fuentes del ministerio han indicado a este periódico que están evaluando las posibles medidas cautelares que presentarán al juez cuando el caso llegue a los tribunales, aunque no han especificado cuáles.

Otro aspecto relevante se refiere al archivo histórico de la Fundación, que alberga unos 30.000 documentos (28.000 ya digitalizados). Algunos de ellos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deberían ser depositados en archivos de titularidad estatal” y poseen un gran valor histórico y patrimonial. Por eso, el ministerio ha informado a EL PAÍS que están estudiando cómo garantizar su protección pública.

Una “anomalía” en Europa

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976 y en sus estatutos se estipulaba que estaría “dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y llevar a cabo estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes al servicio de la patria”.

Estos estatutos han sido modificados en años recientes, siendo la última modificación en 2017, donde el objetivo de la fundación se redujo a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que gobernó los destinos de España entre los años 1936 y 1977”.

Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022 presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones reflejan que, de media, los gastos principales (entre 100.000 y 150.000 euros) corresponden a la publicación de su boletín informativo y a la organización de “jornadas culturales”. A esto le sigue el mantenimiento de su archivo (una media de entre 30.000 y 50.000 euros). En cuanto a los ingresos (venta de fotocopias, libros, DVD y merchandising), la media oscila entre los 4.000 y los 9.000 euros.

Pablo de Greiff, ex relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado en múltiples ocasiones que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa”. Greiff, quien en 2014 elaboró un informe sobre España, subraya que no existe en ninguno de los países de la Unión algo similar (citando ejemplos de fundaciones que exalten la vida de dictadores como Hitler o Mussolini), ni una legislación que permita la apología del odio.