El Gobierno lanza su informe final para desmantelar la Fundación Francisco Franco: “Menosprecia la dignidad de las víctimas” | España

El Ministerio de Cultura ha tomado la iniciativa para disolver la Fundación Francisco Franco, enviando este viernes a la organización el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción”. Esta resolución marca el paso previo antes de que el ministerio, a través de la Abogacía del Estado, remita este mismo documento a la autoridad judicial para iniciar los procedimientos legales pertinentes para su disolución. Según ha podido conocer EL PAÍS, el fundamento de este escrito radica en que los objetivos de la fundación infringen la Ley de Memoria Democrática. Esto se debe a que contradice la legislación sobre fundaciones, al no perseguir “fines de interés general” y llevar a cabo “actividades que van en contra de este principio”. Además, se argumenta que la fundación hace “apología del franquismo” y “ofende la dignidad de las víctimas”. La Fundación dispone ahora de 10 días para presentar sus alegaciones. Fuentes del ministerio consideran que este proceso de extinción es innovador y que contribuirá a aliviar el sufrimiento de cientos de víctimas del franquismo. “No se puede olvidar que la Fundación, en su calidad, se beneficia fiscalmente. Los ciudadanos no tienen por qué financiar actividades antidemocráticas”, afirman fuentes del Gobierno.

Esta reciente acción del Gobierno para poner fin a la Fundación Francisco Franco es el último capítulo de un largo proceso que comenzó con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, legislación que regula el derecho de asociación y permite desde entonces la ilegalización de las entidades y fundaciones que promuevan la apología del franquismo.

Para justificar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura solicitó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). La SEMD analizó todos los contenidos de la web de la fundación (alrededor de 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus líderes”, así como la cobertura mediática sobre la fundación desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de marzo de 2025.

Los hallazgos son significativos. Hay textos que afirman que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que desmienten los hechos del bombardeo de Gernika durante la Guerra Civil, o que sostienen que el escándalo de los niños robados es falso. También se encontraron artículos que presentan un claro sesgo propagandístico, empleando términos como “alzamiento” (en vez de golpe de Estado) o “cruzada” (en vez de Guerra Civil).

El informe de la Secretaría también incluyó testimonios de víctimas del franquismo en los que “quedó demostrado cómo el negacionismo de la Fundación sobre la violencia y la represión” les causa dolor y “afronta” su derecho a conocer la verdad. Los relatos describen varias de esas experiencias. Por ejemplo, una víctima se encontró en una plaza de Granada con un grupo de personas de esta fundación cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que le generó un episodio de malestar tanto físico como psicológico.

Uno de los testimonios dice: “Cada vez que veo en los medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, me falta el aire y no logro pronunciar palabra. En ese instante, vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. Otro concluye: “Al leer un manifiesto o declaración de esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, no siento una agresión física, pero todos los recuerdos de mi infancia sin mi padre, ausente por culpa de una guerra cruel, se agitan en mi mente”.

El estudio resalta que el contenido de la fundación descalifica a las víctimas, niega y minimiza los datos y distorsiona la historia. “El análisis de los aproximadamente 5.500 textos publicados en su página web permite concluir que los fines y las acciones de la Fundación no buscan el interés general, ya que son incompatibles con muchos de los mencionados en el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, señala el documento.

Dicha ley establece que “se considerará causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a este. A estos efectos, se considera como interés general la apología del franquismo que honre el golpe de Estado y la dictadura o exalte a sus líderes, menospreciando y humillando la dignidad de las víctimas […] o incitación, directa o indirecta, al odio o violencia contra ellas por ser tales”.

El estudio de la SEMD añade que “los fines de promoción y desarrollo de la educación, la investigación y cualquier otra actividad cultural [impartida por la Fundación] son en realidad herramientas” para “ofrecer una visión inequívocamente positiva del franquismo”.

Fuentes del ministerio han informado a este periódico que están evaluando posibles medidas cautelares que propondrán al juez cuando el caso sea llevado a los tribunales, aunque no han especificado cuáles.

Otro tema relevante es el archivo histórico de la Fundación, que alberga alrededor de 30.000 documentos (28.000 ya digitalizados). Algunos de estos documentos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deberían ser depositados en archivos de titularidad estatal” y tienen un valor histórico y patrimonial considerable. Por ello, el ministerio ha informado a EL PAÍS que están estudiando cómo garantizar su protección pública.

Una “anomalía” en Europa

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976, en cuyos estatutos se establecía que esta estaría “dedicada principalmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y realizar estudios sobre su pensamiento y sobre las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario para el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes al servicio de la patria”.

Estos estatutos han sido modificados en los últimos años, siendo la última en 2017, donde se redujo el objeto de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre 1936 y 1977”.

Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022 presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones reflejan que, en promedio, los mayores gastos (entre 100.000 y 150.000 euros) se destinan a la publicación de su boletín informativo y la organización de “jornadas culturales”. A esto le sigue el mantenimiento de su archivo, que tiene un costo promedio de entre 30.000 y 50.000 euros. En cuanto a los ingresos (venta de fotocopias, libros, DVD y merchandising), la media oscila entre 4.000 y 9.000 euros.

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa”. Greiff, que en 2014 elaboró un informe sobre España, señala que no existe algo parecido en los países de la Unión (mencionando ejemplos como una Fundación para exaltar la vida de los dictadores Hitler o Mussolini) ni tampoco una legislación que permita la apología del odio.