El Gobierno divulga su informe final para desmantelar la Fundación Francisco Franco: “Menosprecia la dignidad de las víctimas” | España

El Ministerio de Cultura ha tomado la iniciativa para disolver la Fundación Francisco Franco y este viernes ha enviado a la entidad el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” de la organización. Esta resolución es el paso previo para que el ministerio envíe, mediante la Abogacía del Estado, el mismo documento a la autoridad judicial a fin de que se inicien los trámites legales para la extinción. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se basa en que los objetivos de la fundación incumplen la Ley de Memoria Democrática. Esto se debe a que contradice la legislación sobre fundaciones, ya que no persigue “fines de interés general” y realiza “actividades contrarias a ello”. Además, se señala que hace “apología del franquismo” y “humilla la dignidad de las víctimas”. La Fundación tiene ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Fuentes del ministerio califican el proceso de extinción como innovador y aseguran que ayudará a aliviar el sufrimiento de cientos de personas, víctimas del franquismo. “No debemos olvidar que la Fundación, como tal, disfruta de beneficios fiscales. Los españoles no deben pagar por estas actividades antidemocráticas”, afirman fuentes del Gobierno.

Este reciente movimiento del Gobierno para disolver la Fundación Francisco Franco es la culminación de un largo camino, que inició con la Ley de Memoria Democrática de 2022, que regula el derecho de asociación y que, desde entonces, permite la ilegalización de entidades y fundaciones que hacen apología del franquismo.

Para justificar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura solicitó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última analizó el contenido de la web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus líderes”, así como la cobertura mediática de la fundación entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.

El contenido es revelador. Por ejemplo, hay textos que afirman que “el franquismo no cometió un genocidio, la II República sí”, que niegan los hechos ocurridos durante el bombardeo de Gernika en la Guerra Civil o que aseveran que el escándalo de los niños robados es falso. También se encuentran artículos que destilan un tono propagandístico, utilizando términos como “alzamiento” (en lugar de golpe de Estado) o “cruzada” (en lugar de Guerra Civil).

El informe de la secretaría también incluye testimonios de víctimas del franquismo, en los que “se acredita cómo el negacionismo de la Fundación sobre la violencia y la represión” les causa daño y “atenta” contra su derecho a la verdad. Los relatos describen varias de estas situaciones. Por ejemplo, una víctima que se encontró en una plaza de Granada con un grupo de “gente de esta” cantando el Cara el sol [himno falangista], lo que le provocó un episodio de malestar físico y psicológico.

Uno de los relatos indica: “Cada vez que veo en medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no soy capaz de articular palabra. En ese instante, vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. Otro concluye: “Cada vez que leo un manifiesto firmado o una declaración por esta Fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, no siento una agresión física, pero se revive en mí todo el recuerdo de mi infancia, sin mi padre, la ausencia de él por culpa de una guerra cruel y sinrazón”.

El estudio subraya que el contenido publicado por la fundación descalifica a las víctimas, niega y minimiza los hechos y se apropia sesgadamente de la historia. “El análisis de los aproximadamente 5.500 textos publicados en su página web permite concluir que los fines y la actuación de la Fundación no persiguen el interés general, ya que resultan inconciliables con muchos de los que cita el artículo 3.1 de la Ley de Fundaciones”, indica el documento.

Dicha ley establece que “habrá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias a ello. A estos efectos se considera al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, menospreciando y humillando la dignidad de las víctimas […] o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.

El estudio de la SEMD destaca también que “los fines de fomento y desarrollo de la educación, la investigación y otras actividades culturales [impartidas por la Fundación] son en realidad instrumentos” para “proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo”.

Fuentes del ministerio han indicado a este periódico que están evaluando las posibles medidas cautelares que propondrán al juez cuando el caso llegue a los tribunales, aunque no han especificado cuáles.

Otro tema relevante es el archivo histórico de la Fundación, que contiene cerca de 30.000 documentos (28.000 ya digitalizados). Algunos de ellos pertenecen a la Jefatura del Estado, por lo que “deben estar depositados en archivos de titularidad estatal” y tienen un gran valor histórico y patrimonial. Por ello, el ministerio ha comunicado a EL PAÍS que están considerando cómo abordar su protección pública.

Una “anomalía” en Europa

La Fundación Francisco Franco fue constituida en 1976, cuyos estatutos establecían que estaría “dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria”.

Estos estatutos han sido modificados en los últimos años, siendo la última en 2017 donde el artículo anterior redujo el objeto de la fundación a “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como jefe de Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos”, además de “promover el estudio y conocimiento del Estado que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977”.

Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022 presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones reflejan que, de media, los gastos más significativos (entre 100.000-150.000 euros) se destinan a la publicación de su boletín informativo y la realización de “jornadas culturales”. Le siguen los gastos de mantenimiento de su archivo (una media de entre 30.000 y 50.000 euros). En cuanto a los ingresos (venta de fotocopias, libros, DVD y merchandising), la media oscila entre los 4.000 y los 9.000 euros.

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado consistentemente que la Fundación Franco “es una anomalía en Europa”. Greiff, quien en 2014 elaboró un informe sobre España, señala que no existe en ningún país de la Unión algo similar (citando ejemplos como una Fundación para ensalzar la vida de dictadores como Hitler o Mussolini) ni tampoco una legislación que permitiera la apología del odio.