La defensa califica de «inquisitiva e invasiva» la investigación contra García Ortiz en el inicio del juicio al fiscal general | España

“El fiscal general ha sido objeto de un proceso globalmente injusto, no se han garantizado sus derechos y no ha tenido la oportunidad de defenderse en condiciones adecuadas”. Este lunes, la Abogacía del Estado demandó la nulidad del procedimiento que ha llevado a juicio al fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de fraude fiscal.

La Abogacía y la Fiscalía, que, rompiendo con la norma, defiende la inocencia del imputado, han dado inicio a la vista con argumentos contundentes en contra de la instrucción liderada por el magistrado Ángel Hurtado, en la que, según afirman, se han infringido derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, incluyendo la presunción de inocencia. El primer testigo en declarar, Julián Salto, el fiscal que presentó la denuncia contra González Amador, ha catalogado de “orden legal” la solicitud del fiscal general para que se enviaran todos los correos intercambiados entre Salto y Carlos Neira, el abogado fiscalista de González Amador, incluyendo el que es objeto de la investigación.

La primera sesión del juicio contra el líder del ministerio público ha dejado imágenes tan extraordinarias como lo es todo el proceso, siendo el primero contra un fiscal general del Estado en la democracia. A las 9.42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora prevista para el inicio de la audiencia, García Ortiz descendió de su coche oficial y entró al Tribunal Supremo por la entrada reservada a magistrados y autoridades. Es la primera vez que un acusado accede por esa puerta al alto tribunal para enfrentar un juicio en un proceso penal. La singularidad de la situación ha incluso alterado el protocolo habitual de los juicios: el acusado ha asistido a la vista vistiendo la toga de fiscal general y se ha sentado en los estrados con su defensa, a cargo de la Abogacía del Estado. Junto a esta, la Fiscalía, que, rompiendo con la costumbre, no ocupa un asiento del lado de las acusaciones porque demanda la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal desde la sede de la Fiscalía General del Estado, donde fue aplaudido por un numeroso grupo de trabajadores.

También es casi inaudito escuchar a la Abogacía del Estado emitir críticas tan contundentes hacia el Tribunal Supremo como las que dirigió a la instrucción del juez Hurtado la abogada Consuelo Castro, una figura relevante de la Abogacía General, que lideró entre 2018 y 2024. Aunque Castro se sumó a la defensa del fiscal general hace solo unas semanas y no participó en la instrucción, la experimentada abogada ha asumido el control de la defensa y ha denunciado varios puntos que, en su opinión, deberían justificar la nulidad de todas las actuaciones que han llevado a García Ortiz al banquillo.

Durante la fase de cuestiones previas ―donde las partes expongan cuestiones sobre las que desean el pronunciamiento del tribunal al inicio del juicio― la abogada del Estado ha reivindicado que la instrucción seguida contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de naturaleza invasiva”. “Desconocemos qué hechos se atribuyen al fiscal general del Estado”, ha afirmado la abogada, quien ha argumentado que la investigación se inició “con la idea preconcebida de que el investigado era culpable” y con el único propósito “de buscar únicamente pruebas que pudieran incriminarlo”.

Castro ha criticado particularmente la orden de entrada y registro en el despacho del fiscal general, que se llevó a cabo el mismo día en que el instructor había emplazado a García Ortiz a buscar abogado. La Abogacía del Estado considera que dicha actuación debería ser considerada nula, y con ella todo el material recogido allí por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como el informe elaborado a partir del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que mostró que este había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

La eliminación de estos dispositivos se ha convertido en uno de los dos únicos indicios con los que cuenta la acusación contra el fiscal general. El otro es que la Cadena Ser, el primer medio en hacer referencia al correo del abogado de González Amador, en el que este admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales, mencionó por primera vez dicho mail poco después de que lo recibiera el fiscal general. Sin embargo, una decena de periodistas que han testificado durante la instrucción han manifestado que conocían el contenido del correo (la admisión de los dos delitos como parte de un acuerdo con la Fiscalía para evitar la prisión) antes de las 21.59 del 13 de marzo, cuando, supuestamente, lo recibió el fiscal general. Este hecho ha sido mencionado por la abogada del Estado, quien ha señalado que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por la prensa cuando él recibió ese correo.

La Fiscalía se ha alineado con todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y ha añadido algunas más. Por ejemplo, que también debería anularse el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, dado que esta nunca ha sido considerada por el juez ni la UCO como posible autora de la filtración que se investiga. “Y si ella no lo ha hecho, no se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, ha enfatizado la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

La nulidad de ese registro implicaría también la del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Ese documento, en el que los agentes sostienen que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, sirve de base para gran parte de la acusación contra el líder del ministerio público, dado que recoge mensajes entre Rodríguez y García Ortiz que ella le envió a él el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21.59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía también ha subrayado que se dé por sentado que el delito, la supuesta filtración, se ha llevado a cabo a través de un correo electrónico o una aplicación de mensajería instantánea. “Todavía estamos a la espera de que nos proporcionen un solo dato que sirva de apoyo para afirmar que la filtración que se imputa al fiscal general se realizó por medios electrónicos”, ha declarado Sánchez Conde.

Una vez concluidas las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha llamado al primero de los 40 testigos citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal encargado de la investigación por fraude contra Hacienda de González Amador. Salto ha relatado que el 7 de marzo de 2024, sus superiores le solicitaron toda la información sobre el caso de González Amador, tras la llamada de un periodista a la Fiscalía General pidiendo información por una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal ha admitido que le sorprendió porque no le parecía un asunto “de mucha relevancia” sino “un delito de fraude fiscal más”.

Envió la documentación sobre el caso a la decana de la fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, al preguntar a qué obedecía el interés por ese caso, le informaron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto a preguntas de las acusaciones como de las defensas, Salto ha señalado que esa solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto ha relatado además que el 12 de marzo de 2024, un día antes de la supuesta filtración, mantuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según ha asegurado, les expresó que no estaba

cómo, a las 21.26 del 13 de marzo de 2024, cuando se encontraba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, recibió la llamada de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para preguntarle sobre las negociaciones de conformidad que había sostenido con el abogado de González Amador. Esa llamada se produjo después de que, a las 21.29, El Mundo publicara que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo que llevó al fiscal general a ordenar recopilar la información necesaria para desmentir esa versión y demostrar que había sido el abogado el que había propuesto el acuerdo.

Cuando Salto le comunicó que estaba en un partido de fútbol y que apenas podía escuchar lo que Lastra le pedía, esta le dijo que el asunto podía esperar al día siguiente. Sin embargo, apenas diez minutos después, a las 21.39, le llamó la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien primero le dijo que podía esperar y, minutos después, le volvió a telefonear para indicarle que debía enviar ya los correos porque así lo había solicitado el fiscal general. Él, según ha narrado, envió los correos a Lastra y Rodríguez alrededor de las 22.00 y llamó a la fiscal superior para avisarle y lamentar que le hubieran dado “órdenes contradictorias”.

Acerca de la información de El Mundo que precipitou la actuación de la Fiscalía, Salto ha afirmado que “no solo es falsa”, sino que “es una campaña de desinformación” que ha durado ya “20 meses”. “En ningún asunto, en mis 20 años de carrera, he escrito o contactado a la defensa de ningún investigado para ofrecer una conformidad”, ha enfatizado. Con la misma rotundidad, se quejó de que el correo electrónico que envió el 12 de marzo al abogado de González Amador acabara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo envió a decenas de periodistas para difundir la versión errónea de que el ministerio público buscaba un acuerdo con la Fiscalía. “Entiendo que no debiera tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que, según el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y abogados eran únicamente privados”, concluyó.