La defensa critica la investigación «inquisitiva y entrometida» contra García Ortiz en el primer día del juicio al fiscal general | España.

“El fiscal general ha sido objeto de un proceso completamente injusto, sus derechos no han sido protegidos y no ha logrado defenderse en condiciones adecuadas”. Este lunes, la Abogacía del Estado ha solicitado la nulidad del procedimiento que lo ha llevado a juicio, donde se le acusa de un delito de revelación de secretos por presunta filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

Contrario a lo habitual, tanto la Abogacía como la Fiscalía han defendido la inocencia del acusado, comenzando la vista con contundentes alegatos contra la instrucción dirigida por el magistrado Ángel Hurtado, en la cual, afirman, se han violado derechos fundamentales de Álvaro García Ortiz, como la presunción de inocencia. Julián Salto, el primer testigo en comparecer y fiscal que denunció a González Amador, ha calificado como “orden legal” la solicitud del fiscal general de que se le enviaran todos los correos intercambiados entre él y Carlos Neira, abogado fiscalista de González Amador, incluido el que centra la investigación.

La primera sesión del juicio contra el jefe del ministerio público ha mostrado situaciones inauditas, siendo el primero de su tipo contra un fiscal general en la democracia. A las 9:42 de la mañana, 18 minutos antes de la hora fijada para comenzar la vista, García Ortiz llegó en su coche oficial al Tribunal Supremo por la entrada reservada a magistrados y autoridades. Es inédito que un acusado acceda así al alto tribunal para someterse a juicio en un procedimiento penal. Esta atípica situación alteró incluso el protocolo habitual: el acusado asistió a la vista con la toga de fiscal general y se sentó en los estrados junto a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Junto a ellos, la Fiscalía, que, en este caso, no ocupa un lugar como acusación, ya que solicita la absolución de García Ortiz. El fiscal se dirigió al alto tribunal tras recibir el aplauso de un amplio grupo de trabajadores en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Es casi insólito escuchar a la Abogacía del Estado formular reproches tan significativos al Tribunal Supremo, como los realizados por la abogada Consuelo Castro, una figura destacada de la Abogacía General, cargo que desempeñó de 2018 a 2024. Aunque Castro se ha incorporado recientemente a la defensa del fiscal general y no participó en la instrucción, ha asumido el control de la defensa y ha denunciado varias circunstancias que, en su opinión, deberían llevar a la nulidad de todas las actuaciones que han llevado a García Ortiz al banquillo.

Durante el trámite de cuestiones previas, en el que acusaciones y defensas plantean temas que el tribunal debe abordar al inicio del juicio, la abogada del Estado afirmó que la instrucción contra García Ortiz ha sido “inquisitiva y de carácter invasivo”. “No sabemos qué hechos se le atribuyen al fiscal general del Estado”, afirmó la abogada, destacando que la instrucción comenzó “con una idea preconcebida de culpabilidad” y con el único objetivo de “encontrar pruebas que lo incriminen”.

Castro ha criticado especialmente la orden de entrada y registro en el despacho del fiscal general, que ocurrió el mismo día en que el instructor había solicitado a García Ortiz que buscara un abogado. La Abogacía del Estado sostiene que esta acción debería ser considerada nula, junto con todo el material obtenido allí por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido el informe resultante del análisis de los dispositivos electrónicos de García Ortiz, que mostraron que había eliminado todos los mensajes y correos de su teléfono.

La eliminación de estos dispositivos se ha transformado en uno de los dos únicos indicios a favor de la acusación contra el fiscal general. El otro es que la Cadena Ser, el primer medio que mencionó el correo del abogado de González Amador, donde este admitía haber cometido dos delitos fiscales, habló por primera vez de ese mail poco después de que el fiscal general lo recibiera. Sin embargo, aproximadamente una decena de periodistas que testificaron durante la instrucción indicaron que ya conocían el contenido del correo (la admisión de delitos fiscales como parte de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel) antes de las 21:59 del 13 de marzo, cuando supuestamente lo recibió el fiscal general. La abogada del Estado se refirió a esto, advirtiendo que el supuesto secreto revelado por García Ortiz ya era “ampliamente conocido” por los medios de comunicación antes de que él recibiera ese correo.

La Fiscalía se adhirió a todas las cuestiones planteadas por la Abogacía y añadió algunas más. Por ejemplo, solicitó la nulidad del registro en el despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que nunca fue considerada por el juez ni la UCO como posible responsable de la filtración en cuestión. “Si no lo ha hecho ella, no se puede allanar su despacho para obtener toda la información”, subrayó la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Anular ese registro también implicaría la nulidad del informe de la UCO sobre el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. Este informe, en el que los agentes afirmaban que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración, es la base de gran parte de la acusación contra el jefe del ministerio público, ya que contiene mensajes entre Rodríguez y García Ortiz en los que ella le envió el correo del abogado de la pareja de Ayuso a las 21:59 del 13 de marzo. La representante de la Fiscalía también observó que se asuma que el delito, la supuesta filtración, se cometió a través de un correo electrónico o aplicación de mensajería instantánea. “Aún estamos esperando un solo dato que confirme que la filtración que se imputa al fiscal general se realizó por medios electrónicos”, comentó Sánchez Conde.

Al finalizar las cuestiones previas, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, llamó al primer testigo de los 40 citados por el Supremo: Julián Salto, el fiscal encargado de la investigación por fraude contra Hacienda de González Amador. Salto narró que el 7 de marzo de 2024, sus superiores le pidieron toda la información sobre el caso, luego de que un periodista contactara a la Fiscalía General para solicitar información sobre una denuncia presentada contra la empresa Maxwell Cremona. El fiscal admitió que le sorprendió este interés, ya que no lo consideraba un asunto “de mucha relevancia”, sino “un delito de fraude fiscal más”.

Envió la documentación sobre el caso a la decana de la Fiscalía de delitos económicos y, al día siguiente, al preguntar sobre el motivo de su preocupación, le informaron que el investigado era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto en respuesta a las acusaciones como a las defensas, Salto afirmó que esa solicitud de información fue una “orden legal”, dada “la relevancia mediática del caso”.

Salto también relató que el 12 de marzo de 2024, un día antes de la supuesta filtración, tuvo una conversación con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y con la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra. En esa reunión, según declaró, les mencionó que no estaba

cómo, a las 21:26 del 13 de marzo de 2024, mientras estaba en un partido de la Champions del Atlético de Madrid, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, lo llamó para preguntarle sobre las negociaciones que había sostenido con el abogado de González Amador. Esta llamada ocurrió tras la publicación, a las 21:29, de un artículo en El Mundo que comentaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso, lo cual llevó al fiscal general a ordenar la recopilación de la información necesaria para desmentir esa versión y demostrar que fue el abogado quien propuso el acuerdo.

Cuando Salto le explicó que estaba en un partido de fútbol y que apenas podía escuchar lo que Lastra le pedía, ella respondió que el asunto podía esperar al día siguiente. Sin embargo, diez minutos más tarde, a las 21:39, la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, lo llamó, primero indicándole que podía esperar, y luego lo volvió a contactar para decirle que debía enviar ya los correos, dado que así lo había pedido el fiscal general. Según contó, envió los correos a Lastra y Rodríguez sobre las 22:00 y llamó a la fiscal superior para informarle y expresar su malestar por recibir “órdenes contradictorias”.

Respecto a la información de El Mundo que precipitó la actuación de la Fiscalía, Salto aseguró que “no solo es falsa”, sino que “ha sido una campaña de desinformación” que ya dura “20 meses”. “En ningún caso, en mis 20 años de carrera, he escrito o contactado con la defensa de un investigado para ofrecer un acuerdo”, declaró. De manera igualmente contundente, se lamentó de que el correo electrónico que envió el 12 de marzo al abogado de González Amador acabara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo distribuyó entre numerosos periodistas para difundir la versión errónea de que el ministerio público buscaba un pacto. “Entiendo que ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid debían tenerlo. Creía que, de acuerdo con el artículo 25 del código deontológico de la abogacía, los correos entre el fiscal y los abogados eran absolutamente privados”, concluyó.