El proceso contra el fiscal general avanza a su etapa crucial con el enfrentamiento entre la defensa y la UCO | España

El juicio que mantiene en vilo a la política española avanza hacia su etapa final. Desde este martes hasta el próximo jueves, se concluyará la vista por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Hasta ahora, en las tres primeras sesiones públicas, no se ha presentado evidencia incriminatoria, más allá de las señales que ya se consideraron para su enjuiciamiento. En esta etapa decisiva se examinará uno de los aspectos fundamentales de la acusación contra García Ortiz: la eliminación de los datos de sus dispositivos electrónicos. Se espera que surja un enfrentamiento entre la Fiscalía y la UCO debido a las interpretaciones que esta última incluyó en sus informes.

Asimismo, seis periodistas más comparecerán ante los siete magistrados del tribunal de la Sala Segunda del Supremo. Algunos de estos periodistas, al igual que tres de los que ya testificaron la semana pasada, revelaron durante la instrucción que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se había presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos, dispuesta a reconocer su fraude a Hacienda antes de que dicha información llegara a García Ortiz. Estas son las claves de las jornadas finales del juicio.

El borrado. La decisión de García Ortiz de eliminar el historial de comunicaciones de sus teléfonos y ordenadores fue uno de los fundamentos clave en la decisión del juez instructor, Ángel Hurtado, para su procesamiento. Igualmente, este argumento fue utilizado por dos de los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo para confirmar su procesamiento. Consideraron esto como un indicio de la negativa de García Ortiz a “colaborar con la investigación”. El fiscal defiende que elimina regularmente los datos de sus dispositivos por motivos de seguridad, debido a la confidencialidad y sensibilidad de la información que maneja. Un tercer magistrado de la Sala de Apelaciones, Ángel Palomo, que emitió un fuerte voto particular en contra del procesamiento, argumentó que utilizar el borrado como indicio de culpabilidad es equivalente a “exigir al acusado que demuestre su inocencia”.

El tema apenas se discutió en las sesiones de la semana pasada. Solo se escuchó un testimonio, el de Esmeralda Rasillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, que se ocupa de los soportes tecnológicos. Rasillo precisó que García Ortiz ha cambiado de móvil en seis ocasiones desde su llegada a la Fiscalía del Estado en 2020.

Este martes comenzará el análisis con la presentación de otro miembro de la Fiscalía del Estado, Agustín Hidalgo de Morillo, encargado de Protección de Datos. Sin embargo, el momento culminante se prevé para el miércoles, con las declaraciones de varios agentes de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que registró la oficina del fiscal y examinó sus dispositivos electrónicos. En uno de sus informes al juez instructor, señalaron que García Ortiz borró en dos ocasiones sus mensajes de WhatsApp el mismo día en que el Supremo lo encausó, el 16 de octubre de 2024. Aunque el fiscal reconoce que hubo borrados ese día, señala que las comunicaciones con sus colaboradores de la noche del 13 de marzo de ese año, cuando ocurrieron los hechos en cuestión, ya habían sido eliminadas anteriormente.

La defensa ha presentado un informe pericial sobre los borrados, que ya intentó introducir durante la fase final de la instrucción, pero fue rechazado por Hurtado. Con este informe, pretende demostrar, según fuentes cercanas a la defensa, que no existe manera de determinar el tipo de contenido que se eliminó en cada momento.

Discrepancias con la UCO. La defensa de García Ortiz cuestiona el contenido de ciertos informes emitidos por la UCO. Uno de estos informes concluyó que el fiscal general tuvo “una participación preeminente en los hechos que, a la postre, llevaron a la filtración investigada”. Esto se deduce de la Guardia Civil, a pesar de no haber hallado evidencia alguna sobre la autoría. A partir del análisis de las comunicaciones de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la UCO destaca una coincidencia temporal. El famoso escrito del abogado de la pareja de Ayuso reconociendo el fraude ante la Fiscalía, enviado por Rodríguez a García Ortiz la noche del incidente, no aparece como recibido en el correo de este último hasta las 23:46 horas (aunque se envió casi dos horas antes). Solo cinco minutos después, a las 23:51, la página web de la Cadena SER divulgó la noticia citando textualmente partes del escrito del abogado. La defensa argumentará que, minutos antes, a las 23:25, la SER ya había adelantado la información por radio, al final del programa Hora 25. También disputará que tal coincidencia pueda ser utilizada como elemento probatorio.

Más periodistas. Esta primera información de la SER es donde radica el núcleo de la filtración, lo que otorga gran importancia al testimonio que ofrecerá este martes Miguel Ángel Campos, corresponsal judicial de la cadena. Durante la instrucción, Campos afirmó que el mismo día 13 por la tarde, se reunió en un despacho en Madrid donde una fuente le mostró el correo del abogado del presunto defraudador, Alberto González Amador. Asegura que no se lo entregó, pero le permitió tomar notas.

Los letrados de las acusaciones, especialmente el más activo de ellos, Gabriel Rodríguez-Ramos, representante de González Amador, se esfuerzan por socavar la credibilidad del testigo. Es probable que insistan en el tiempo transcurrido desde que el periodista obtuvo la información hasta que la hizo pública. Esta táctica ya fue empleada la semana pasada con otro informador de Eldiario.es, que declaró que poseía el correo desde días antes, pero que no pudo publicarlo hasta que recibió el visto bueno de su fuente.

En una dirección similar, se anticipa la declaración de José Manuel Romero, subdirector de EL PAÍS en el momento de los hechos, junto a otros tres redactores de este periódico. Los periodistas presentaron a la causa mensajes de WhatsApp que demuestran que, antes de que el fiscal general manifestara interés en el caso, ya habían estado indagando a sus fuentes sobre los intentos de González Amador de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, después de confesar sus delitos. Sin embargo, ni estos testimonios ni los de un periodista de La Sexta que declaró en el juicio la semana pasada fueron considerados por el instructor.

La declaración del fiscal. Los testimonios concluirán con el del propio acusado, quien en su momento se negó a responder a las preguntas de Hurtado, lo que generó descontento en algunos sectores del Supremo. Ahora debe decidir si se pronunciará ante las acusaciones. En cuanto a las populares —desde el Colegio de Abogados de Madrid hasta grupos de ultraderecha como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír— parece que esta posibilidad está descartada. La incertidumbre radica en si se presentará ante la acusación particular de González Amador.