Las dos caras de España llevan toga | España

El 20 de noviembre de 2025, marcando el 50 aniversario de la muerte de Franco, “fue un día triste para la democracia”, reconoce anónimamente un magistrado del Tribunal Supremo. En esa fecha significativa, la máxima instancia de la justicia en España condenaba, por primera vez en la historia, a un fiscal general del Estado. El estruendo de una enorme fractura sacudió al país. Las dos Españas emergieron reflejadas en dos grupos de togas: cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo decidieron condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados, mientras que las dos únicas progresistas expresaron su discrepancia en un voto particular.

El cava fluyó entre la derecha política y social, que ya llevaba tiempo calificando al máximo responsable del Ministerio Público de “delincuente” y apodándolo Alvarone. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio, acusado de delitos fiscales, ejercía la acusación particular, celebró la sentencia con su conocida afirmación de que España se ha convertido en una dictadura.

La parte socialista del Gobierno, cuyo presidente había proclamado la inocencia del fiscal durante el juicio, intentó ocultar su indignación. Sin embargo, ese sentimiento se desbordó como pocas veces se había visto recientemente en la España progresista. La condena de García Ortiz, sin pruebas contundentes que lo incriminen por la filtración de un correo del novio de Ayuso, mientras varios periodistas presentaban testimonios a su favor, alimentó la rabia y el asombro en las sedes de partidos y redes sociales. Para aumentar la confusión, el fallo se hizo público sin explicar su motivación, a la espera de la redacción de la sentencia.

Ese mismo sábado, la vicepresidenta segunda y líder del Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, acusaba a algunos jueces de “suspender sus funciones constitucionales para intervenir en política”. En el PP, la vicesecretaria Carmen Fúnez denunciaba que Pedro Sánchez “ha debilitado todos los contrapoderes del Estado”.

Una feroz división que también se ha reflejado en los medios. Miembros del tribunal expresaban durante la vista su “estupefacción” por las versiones tan discrepantes que estaban circulando sobre el juicio en los medios y tertulias políticas. “Hay una división atroz, parece que están observando dos juicios diferentes”, se sorprendía uno de ellos. “La sentencia, sea cual sea, será un ataque a lo contrario. Si condenamos, seremos atacados por unos, y si absolvemos, por los contrarios”.

Tras la explosión del 20-N, magistrados del Supremo consultados expresan su “preocupación” por la imagen de polarización de la justicia que se ha transmitido. La valoración ciudadanía de la Administración de Justicia está en mínimos: es, con diferencia, el servicio público peor valorado, con un 71,5% de suspensos, según el CIS. Entre jueces de orientación progresista hay un sentimiento generalizado de “cabreo absoluto”. Apenas una hora después de hacerse pública la condena a García Ortiz, la organización Juezas y Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, emitió un comunicado de su portavoz, Edmundo Rodríguez, titulado: “Con esta sentencia perdemos todos”. Rodríguez lamentaba la división en el Supremo y advertía que la sentencia “no será comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del fiscal general”.

Otros magistrados progresistas del alto tribunal hacen un llamado a la “contención”. “Es peligroso alterar el sistema”, asegura uno de ellos, que manifiesta su “desolación” por la posible pérdida de confianza en la justicia. Este magistrado, al igual que otros consultados, sostiene que la condena no se debió a razones ideológicas, pero admite que el hecho de que los conservadores la hayan firmado y que solo las dos progresistas propusieran la absolución no refuerza ese argumento. “Los progresistas del Supremo defendemos a la Sala. Todo se resuelve siempre en términos judiciales. Pero la imagen es demoledora porque las dos progresistas absuelven y los conservadores condenan”, advierte.

Desde hace tiempo, justicia y política en España parecen ir de la mano. Como si la política se hubiera judicializado y la justicia se hubiera politizado. Los casos en los tribunales que afectan al Gobierno alimentan casi en exclusiva el discurso de la oposición del PP. Hay un asunto cuya magnitud no discute ni el Ejecutivo: la trama corrupta que involucra a los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Sin embargo, otros episodios que alimentan la narrativa del PP transfieren al Gobierno y a la izquierda en general una sensación de persecución. Las excentricidades del juez Juan Carlos Peinado en su incesante acoso a la esposa del presidente o el inminente juicio al hermano de Sánchez, motivado por una denuncia promovida, al igual que en el caso anterior, por activistas de ultraderecha, aumentan las quejas. Al igual que la gran cantidad de procedimientos abiertos contra dirigentes de Podemos que resultaron en nada tras generar los titulares más sensacionalistas.

Antes del caso del fiscal general, el Supremo también se había visto inmerso en la controversia. Decisiones como las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, o al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a quien se le retiró el escaño, luego anuladas por un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista (nuevamente, decide la adscripción ideológica). Asimismo, la negativa del alto tribunal a aplicar la ley de amnistía a los independentistas catalanes, contra la cual se manifestaron jueces de toda España, incluso antes de su aprobación en el Congreso, con sus togas, resalta. Otro magistrado, este de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ya trató de obstaculizarla en vísperas de la investidura de Sánchez, cuyos apoyos dependían de dicha medida de gracia.

Lo ocurrido con la amnistía se conecta directamente con el gran protagonismo que asumieron los jueces en respuesta al procés. Un fiscal que lo conoce de primera mano resume: “Aquello transformó la naturaleza de la justicia en España. El poder político fue incapaz de dar respuesta a un problema político y lo delegó en los jueces. Desde entonces, han asumido un poder del que ya no quieren renunciar”.

Los seis primeros años de Sánchez estuvieron marcados por una anomalía institucional: el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que le permitió mantener la mayoría para controlar los nombramientos de magistrados del Supremo. En noviembre de 2018 se había llegado a un principio de acuerdo para renovar el Consejo entre PSOE y PP, pero se frustró tras filtrarse un mensaje del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que presumía de que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás”. El elegido para presidir el CGPJ fue Manuel Marchena, implicado en las últimas grandes decisiones del alto tribunal, desde la ley de amnistía hasta la condena a García Ortiz.

El PP sostiene que para despolitizar la justicia sería necesario dejar los nombramientos en manos de los propios jueces. Su discurso de que Sánchez ataca la independencia judicial ha sido respaldado por nombramientos del Gobierno difíciles de justificar: Dolores Delgado y Juan Carlos Campo pasaron de ser ministros de Justicia a fiscal general, en el primer caso, y a magistrado del TC, en el segundo. También por aquellas declaraciones de Sánchez donde se jactaba de que la Fiscalía depende de él.

Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, presenta un dato sociológico: España es, junto a Bulgaria, el país europeo con más litigios judiciales. “Somos un país muy querulante”, observa. Y recuerda que Sánchez llegó al poder utilizando una sentencia judicial sobre la corrupción del PP, que ahora busca el desquite. El politólogo señala que el clima de confrontación política induce a una “desconfianza generalizada” y a una “incapacidad civil” para juzgar ciertos comportamientos, delegando esa responsabilidad en los tribunales. La polarización se ha filtrado “a la justicia, a las fuerzas de seguridad y a los cuerpos de altos funcionarios del Estado”. Esta idea es secundada por un veterano magistrado del Supremo al referirse a sus compañeros que han llegado en los últimos años: “Un juez debería ser impermeable a cuestiones ideológicas o partidistas, pero algunos más recientes se muestran muy permeables a esto”.

García Ortiz se sentó en el banquillo como resultado de su respuesta desmintiendo un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, cuando él y la presidenta denunciaban una “operación de Estado” contra el novio de esta. Una cuestión que genera incertidumbres entre algunos magistrados del Supremo, que confían en que se resuelvan cuando se publique la sentencia. “Es complicado entender qué mecanismos existen cuando se lanza un bulo que va contra una institución. A ver qué dice la sala. ¿Pero cómo se hace? No tengo claro cuáles son los límites de lo que podemos hacer en esos casos”, afirma un magistrado que no pertenece a la Sala Penal y que deja caer otra duda. “¿Cuál es la acumulación de indicios necesaria para considerar que ya hay una prueba de cargo suficiente para condenar? No lo sé”. La misma fuente añade: “Los que no somos de penal siempre pensamos que es una suerte poder recurrir al ‘in dubio pro reo [el principio de que, en caso de duda, se falla a favor del reo]. En otros órdenes no tenemos esa opción para resolver casos dudosos”. Frente a la controversia por la decisión de la Sala de adelantar el fallo mientras la sentencia todavía se está redactando, fuentes del alto tribunal defienden que esta práctica es común en asuntos “de gran relevancia pública”. Las mismas fuentes subrayan que en la Sala Penal se hizo en los casos de La Manada o de los ERE. Sin embargo, aquellas sentencias resolvían recursos contra las decisiones de órganos inferiores, por lo que los afectados ya conocían los argumentos para su condena, cosa que no ocurre en este caso. “Adelantar el fallo es algo excepcional y no ha quedado claro si estaba justificado en un caso de tanta relevancia”, reconoce un magistrado.

Además de perder su cargo, García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros y pagar algunos miles más al abogado del novio de Ayuso. Alberto González Amador ofreció un emotivo testimonio en el juicio, donde afirmó que los bancos dejaron de financiarlo desde que se reveló su fraude fiscal. Un día antes de que se conociera la condena, EL PAÍS informó que González Amador compró el ático de lujo donde vive con Ayuso, valorado en un millón de euros, tras conseguir una hipoteca de 600.000. Su juicio por fraude fiscal aún parece lejano.