García Ortiz debió renunciar antes para evitar este vergonzoso episodio.

Álvaro García Ortiz ha presentado este lunes su carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Han transcurrido más de 400 días desde que el Tribunal Supremo le imputara formalmente por revelación de secretos. Durante este período, numerosos miembros del Ministerio Público han solicitado la dimisión del fiscal general en un acto de solidaridad para preservar la imagen de la institución. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, con una condena en firme, que el salmantino ha notificado al Gobierno su deseo de dejar el cargo.

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en el cuerpo, ha sido una de las más críticas desde el inicio de la causa contra el principal representante del Ministerio Público. Además, varios fiscales de Sala asociados a esta entidad lideraron en enero pasado la redacción de una carta donde trece fiscales de Sala solicitaban la dimisión del líder institucional. Casi un año después, con la renuncia del jefe de la Fiscalía en el horizonte, la presidenta de AF, Cristina Dexeus, analiza en El Independiente cómo la negativa de García Ortiz a renunciar ha impactado la imagen de la Fiscalía.

Hoy García Ortiz ha entregado su carta de renuncia al ministro. ¿Qué le parece que no haya tomado esta decisión antes?

El fiscal general sostiene que se ha mantenido en el puesto para proteger la institución. Creo que, si realmente estuviera pensando en ella, debería haberse ido desde el momento en que la investigación se centró en él. Al menos así habríamos evitado toda la situación de tensión y bochorno que hemos tenido que soportar y el desprestigio que la carrera está sufriendo en este momento.

¿Qué impacto ha tenido la investigación contra García Ortiz en la institución?

El hecho de que esté en el centro de la atención pública, que el máximo responsable de la institución permaneciera en su puesto con una estrategia de defensa que implica cuestionar la integridad del proceso judicial… eso causa mucho daño. Su defensa ofensiva contra el Tribunal Supremo, mientras continuaba representando a la Fiscalía, ha puesto a la institución y a la carrera en una situación muy complicada.

Ante la ciudadanía, la imagen del líder del Ministerio Público atacando a los tribunales españoles y sugiriendo que son prevaricadores pone en entredicho nuestra institución. Esto genera un conflicto entre instituciones que es inaceptable en una democracia, ya que deben respetarse mutuamente y, además, empaña la imagen de imparcialidad de la Fiscalía.

Más allá de cómo ha gestionado esta situación García Ortiz, ¿qué opinión le merece la protesta realizada este fin de semana frente al Supremo, donde estuvieron presentes figuras como Dolores Delgado y Baltasar Garzón?

En democracia, es posible criticar las decisiones judiciales y quienes se ven perjudicados pueden apelar si cumplen con los requisitos. Sin embargo, emitir mensajes sin conocer los detalles de la condena me parece una irresponsabilidad monumental. Esto puede generar desconfianza en la ciudadanía hacia la Justicia española. Podría llevar a que algunos decidan no acatar las resoluciones judiciales. Si tanto el Gobierno como los fiscales afirman que hay politización en la Justicia, puede que algunos respondan: «No cumplo la sentencia».

Durante el juicio, se llegó a afirmar que la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, era resultado de una «animadversión» hacia García Ortiz. ¿Qué opina sobre esta percepción de enfrentamiento interno en la Fiscalía?

No puedo hacer valoraciones sobre el juicio. Solo lamento, en todo caso, que se ponga en duda la profesionalidad de mis compañeros, cualquiera de ellos.

Ahora que se inicia el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general, ustedes llevan tiempo pidiendo reformas en el Estatuto Orgánico para desvincular este cargo del Ejecutivo.

Parece que esto no está en la agenda del legislador. La única reforma prevista en el Estatuto, que se presenta al Congreso, es desconectar el mandato del fiscal general del Estado del Gobierno que lo designa, estableciendo un mandato de cinco años que no coincida con el del Ejecutivo. Sin embargo, esto aún no está en vigor. Si no se acompaña de otras decisiones, como asegurar nuestra autonomía presupuestaria y reglamentaria desde el Ministerio de Justicia, no servirá de mucho.

En cuanto a esta reforma, ¿qué más aspectos deberían mejorarse para que los fiscales puedan asumir la instrucción de los casos penales?

Sería beneficioso que todas las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía se realicen por escrito. Que el Consejo Fiscal tenga un papel más influyente en las decisiones de la Fiscalía General del Estado, de modo que el fiscal general no consigan poder prácticamente absoluto. También sería deseable que el Consejo Fiscal pudiera influir en nombramientos y que haya una mayor democratización interna en la carrera.

Varios ministros y representantes políticos ya se han pronunciado sobre el fallo del Supremo y la condena a García Ortiz. ¿Qué le parece que se hagan este tipo de comentarios?

Me parece una irresponsabilidad. No podemos comportarnos como ‘hooligans’. Lo correcto es permitir que los tribunales juzguen sin presiones ni descalificaciones que no contribuyen a la convivencia democrática ni son propias de quienes asumen responsabilidades de Gobierno.

Ahora se cuestiona a los magistrados que juzgaron a García Ortiz, olvidando que son los mismos que evaluaron el caso Gürtel. ¿Qué ha cambiado? ¿Ahora son enemigos del Estado de Derecho y antes eran amigos? Creo que hay que por encima de esas disputas políticas y ser responsables con la democracia. Las instituciones deben respetar esos principios fundamentales y sagrados. De no ser así, esto puede tomar un rumbo peligroso.

PUBLICIDAD