España se une a las negociaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España ha tomado asiento en una sala discreta de Doha, distante de las selvas donde el principal grupo criminal de Colombia ejerce su dominio. Sin previo aviso, el Gobierno español ha asignado a una delegada en la mesa de negociaciones que se ha establecido en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro evalúan hasta dónde pueden avanzar en uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Esta es la primera vez que España se involucra en un diálogo con este grupo, heredero del paramilitarismo y que controla gran parte del narcotráfico del país. Este movimiento, corroborado por EL PAÍS a través de fuentes implicadas en el proceso, reafirma el papel de España como actor internacional en un proceso de paz colombiano, esta vez en una de sus negociaciones más complejas y controversiales.

La incorporación de España —que completa el equipo mediador ya compuesto por Suiza, Noruega y Qatar— se produce en un momento crucial. Petro se encuentra en la fase final de su mandato y necesita probar que su estrategia de negociar simultáneamente con todos los grupos criminales ofrece resultados. A pesar de las conversaciones con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia continúa en aumento. De hecho, los grupos armados han fortalecido su posición. Las organizaciones especializadas en el conflicto armado colombiano señalan la falta de una estrategia coordinada y de un marco claro para someter a estas organizaciones criminales. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su presencia”.

España no se presenta en Doha como un actor ajeno a los esfuerzos por la paz en Colombia, que mantiene hasta 13 mesas de diálogo simultáneamente, con resultados diversos. Desde la década de 1990, ha estado involucrada en diversas iniciativas y desde 2023 forma parte del grupo de países que apoyan oficialmente las negociaciones con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno Petro inició conversaciones de paz con el ELN en 2022, pero estas han estado suspendidas durante casi un año tras una oleada de ataques de la guerrilla en Catatumbo, en el noreste del país, que resultó en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60,000 campesinos.

En esa dinámica, el papel de Madrid fue más bien discreto, relacionado con el acompañamiento político y técnico, en lugar de la interlocución directa. No obstante, su ingreso al diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra activamente en la negociación más sensible con el grupo criminal más grande del país.

¿Por qué se pensó en España para este diálogo en Qatar? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es relevante porque tenemos conexiones con América Latina”, señala una fuente próxima a las negociaciones de paz. “Los árabes comprenden el impacto de la Historia en las sociedades, al igual que nosotros [los colombianos]”.

Además, existen consideraciones prácticas: “España no es ajena a esto. El Clan del Golfo tiene presencia incluso en Algeciras”, concluye esta fuente. España también ha desempeñado un papel (silencioso pero sostenido) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, el control del crimen organizado en Colombia es fundamental, entre otras razones, porque muchos capos del narcotráfico colombiano terminan estableciéndose en España, donde viven y realizan negocios. Entre los casos recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte de Colombia y capturado en 2022 en la capital española. Otro caso es el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante cuya ubicación ha sido confirmada por los servicios de inteligencia colombianos en suelo español.

Las conversaciones en Doha surgieron como un intento desesperado por salvar el proceso. Con la falta de un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes confusos del Clan del Golfo, el grupo se negó a continuar dialogando dentro de Colombia y exigió un escenario neutral. El Gobierno colombiano accedió a trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que contempla los primeros gestos de desescalamiento de la violencia que se implementarán como proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.

La paz se probará en una región selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Es un área atravesada por rutas de narcotráfico y disputas armadas, rica en ríos, selva, oro y madera; con comunidades indígenas y afro donde la presencia del Estado es escasa y casi siempre armada. En este contexto, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será eliminar el reclutamiento infantil, un desafío que requiere que el Estado —históricamente ausente en la zona— ofrezca una verdadera seguridad y oportunidades de futuro a los niños.

El Clan del Golfo surgió de los vestigios del paramilitarismo y se expandió con el crecimiento del narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional en el noroeste del país a convertirse en un potente engranaje criminal con influencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su poder no solo radica en las armas, sino en su habilidad para controlar territorios, manejar economías ilegales y reorganizarse cada vez que pierde a un líder. Es una de las piezas más difíciles de mover en el complejo rompecabezas de la paz.