España se une a las conversaciones con el principal cartel criminal de Colombia.
España ha tomado asiento en una discreta sala de Doha, apartada de las selvas donde el principal grupo criminal de Colombia ejerce su dominio. Sin hacer ruido ni avisar antes, el Gobierno español ha enviado a una delegada a la mesa que se ha establecido en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Ejecutivo de Gustavo Petro evalúan hasta dónde puede avanzar uno de los capítulos más sensibles de la política de paz total. Se trata de la primera vez que España se involucra en un diálogo con este grupo, que es heredero del paramilitarismo y controla gran parte del narcotráfico en el país. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS a través de fuentes implicadas en el proceso, coloca a España nuevamente como un actor internacional en un proceso de paz colombiano, esta vez en una de las negociaciones más complicadas y controvertidas.
La llegada de España —que completa el equipo mediador que ya incluye a Suiza, Noruega y Qatar— se produce en un momento crucial. Petro se encuentra en la etapa final de su mandato y debe demostrar que su estrategia de negociar con todos los grupos criminales a la vez genera algún resultado. A pesar de las conversaciones abiertas con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. Al contrario, los grupos armados han ganado en fortaleza. Falta una estrategia coordinada y un marco claro para someter a las organizaciones criminales, señalan las organizaciones especializadas en el conflicto armado colombiano. El International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han aprovechado la tregua para expandir su presencia”.
España no aparece en Doha como un actor ajeno al proceso de paz colombiano, que mantiene actualmente hasta 13 mesas de negociación con resultados variados. Desde la década de 1990, ha participado en diversas iniciativas y desde 2023 forma parte del grupo de países que acompaña oficialmente la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno de Petro inició conversaciones de paz con esta guerrilla en 2022, pero estas están suspendidas desde hace casi un año tras una serie de ataques en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que causaron casi un centenar de muertes y desplazaron a 60.000 campesinos.
En ese proceso, la participación de Madrid fue discreta, más enfocada en el acompañamiento político y técnico que en la interlocución directa. Sin embargo, su participación en el diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más delicada con el principal actor criminal del país.
¿Por qué Qatar y Colombia optaron por España? “España es un socio confiable para Colombia. Y para Qatar, es relevante porque hablamos de América Latina”, añade una fuente cercana a las negociaciones de paz. “Los árabes conocen bien el impacto de la Historia en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.
Adicionalmente, hay motivaciones más prácticas: “España no está completamente ajena a esto. El Clan del Golfo llega hasta Algeciras”, concluye esta fuente. Además, España ha tenido un papel (silencioso pero constante) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.
Para Madrid, el control del escenario criminal en Colombia es fundamental porque, entre otros aspectos, grandes capos de la droga colombianos se instalan en España, donde viven y realizan negocios. Entre los casos más recientes se encuentra el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, señalado como líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano y capturado en 2022 en la capital española. O el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante que los servicios de inteligencia colombianos ubican actualmente en territorio español.
Las conversaciones en Doha surgieron en un intento urgente de salvarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes confusos del Clan del Golfo, el grupo rechazó seguir dialogando en Colombia y solicitó un entorno neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar la mesa a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que combina los primeros gestos de desescalamiento de la violencia que se implementarán como un proyecto piloto en cinco municipios del noroeste del país.
La paz se probará en una franja selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Una región marcada por rutas del narcotráfico y conflictos armados, de ríos, selva, oro y madera; de comunidades indígenas y afro donde la presencia del Estado es escasa y generalmente armada. Allí, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será erradicar el reclutamiento infantil, un desafío que exige que el Estado —históricamente ausente en la zona— implemente una oferta real de seguridad y un futuro para los niños.
El Clan del Golfo se originó a partir de los restos del paramilitarismo y ha crecido junto al narcotráfico. En pocos años, pasó de ser una estructura regional en el noroeste del país a un engranaje criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su fuerza no depende únicamente de las armas, sino de su habilidad para controlar territorios, promover economías ilegales y reorganizarse cada vez que cae un líder. Es una de las piezas más complicadas de mover en el rompecabezas de la paz.



