España se une a las conversaciones con el principal grupo delictivo de Colombia.

España ha hecho su entrada en una discreta sala en Doha, alejada de las selvas donde el más grande grupo criminal de Colombia marca su territorio. Silenciosamente y sin previo aviso, el Gobierno español ha designado a una delegada para unirse a la mesa establecida en Qatar, donde el Clan del Golfo y el Gobierno de Gustavo Petro discuten hasta donde puede extenderse uno de los capítulos más delicados de la política de paz total. Esta es la primera ocasión en que España se involucra en un diálogo con este grupo, heredero del paramilitarismo y que controla gran parte del narcotráfico del país. Este movimiento, confirmado por EL PAÍS a través de fuentes cercanas al proceso, reafirma a España como un actor internacional en el proceso de paz colombiano, esta vez en una de sus negociaciones más complejas y controversiales.

La integración de España —que completa el equipo mediador en el que ya están presentes Suiza, Noruega y Qatar— llega en un momento crucial. Petro se encuentra en la fase final de su mandato y necesita demostrar que su estrategia de negociar con todos los grupos criminales simultáneamente produce resultados. A pesar de las conversaciones con guerrillas, disidencias de las extintas FARC y bandas criminales, la violencia no ha disminuido. De hecho, los grupos armados han ganado fuerza. Se carece de una estrategia coordinada y de un marco claro para desmantelar las organizaciones criminales, alertan organizaciones expertas en el conflicto armado colombiano. International Crisis Group advierte que “en varias regiones, los grupos armados han utilizado la tregua para expandir su influencia”.

España no se presenta en Doha como un actor ajeno al esfuerzo de paz en Colombia, que mantiene simultáneamente hasta 13 mesas de negociación con resultados diversos. Desde la década de los noventa, ha estado involucrada en múltiples iniciativas y desde 2023 forma parte del grupo de países que oficialmente acompaña la negociación con el ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El Gobierno de Petro inició conversaciones de paz con este grupo en 2022, pero estas se han encontrado suspendidas por casi un año tras una serie de ataques de esa guerrilla en la región del Catatumbo, en el noreste del país, que resultaron en casi un centenar de muertes y el desplazamiento de 60.000 campesinos.

En este contexto, el papel de Madrid ha sido discreto, más enfocado en el apoyo político y técnico que en la interlocución directa. Sin embargo, su entrada en el diálogo con el Clan del Golfo, que se autodenominan Ejército Gaitanista de Colombia, representa un avance significativo: se involucra en la negociación más delicada con el principal actor criminal del país.

¿Por qué España fue considerada por Qatar y Colombia? “España es un socio confiable para Colombia. Además, para Qatar es importante porque pensamos en América Latina”, señala una fuente cercana a las gestiones de paz. “Los árabes comprenden muy bien cómo la Historia impacta en las sociedades. Nosotros [los colombianos] también”.

A estas consideraciones se añaden motivaciones más pragmáticas: “España no es ajena a esto. El Clan del Golfo llega incluso hasta Algeciras”, concluye esta fuente. España también ha jugado un papel (silencioso pero perseverante) en la implementación del acuerdo con las FARC y en la mesa del ELN.

Para Madrid, comprender el panorama criminal en Colombia es crucial, puesto que, entre otras cosas, importantes jefes del narcotráfico colombiano terminan estableciéndose en España, donde residen y realizan negocios. Casos recientes incluyen el de Freddy Castillo, conocido como Pinocho, supuesto líder de una estructura paramilitar en el norte colombiano, capturado en 2022 en la capital española, y el de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un narcotraficante cuyo paradero se encuentra actualmente en territorio español, según los servicios de inteligencia colombianos.

Las conversaciones en Doha surgieron de un intento desesperado por reactivarlas. Sin un marco jurídico claro y tras meses de bloqueos y mensajes ambiguos por parte del Clan del Golfo, el grupo decidió negarse a continuar los diálogos en Colombia, exigiendo un escenario neutral. El Gobierno colombiano aceptó trasladar las negociaciones a Qatar, donde en septiembre se firmó el acuerdo de Doha, una hoja de ruta que incluye los primeros pasos de desescalada de la violencia, los cuales se implementarán como un proyecto piloto en cinco municipios de la región noroeste del país.

La paz se probará en una zona selvática de difícil acceso que conecta el Caribe con el Tapón del Darién. Esta región, marcada por rutas de narcotráfico y disputas armadas, está repleta de ríos, selvas, oro y madera; también alberga comunidades indígenas y afrodescendientes donde la presencia estatal es escasa y casi siempre militarizada. Allí, el Clan del Golfo actúa como autoridad de facto. Una de las prioridades será poner fin al reclutamiento infantil, un reto que exige que el Estado —históricamente ausente en la zona— ofrezca una verdadera propuesta de seguridad y futuro para los niños.

El Clan del Golfo se formó a partir de los remanentes del paramilitarismo y ha crecido impulsado por el narcotráfico. En poco tiempo, pasó de ser una estructura regional en el noroeste del país a una organización criminal con presencia en gran parte de Colombia y conexiones internacionales. Su fuerza no radica únicamente en sus armas, sino también en su habilidad para controlar territorios, gestionar economías ilegales y reorganizarse cada vez que un líder cae. Es una de las piezas más difíciles de mover en el rompecabezas de la paz.