La Fiscalía indaga sobre la ausencia de medidas preventivas durante la mayor serie de incendios en tres décadas | Clima y Medio Ambiente

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, bajo la dirección de Antonio Vercher, investiga la conexión entre la ausencia de planes de prevención frente a los incendios forestales —una cuestión pendiente en el país desde hace años que afecta a todos los niveles de la administración— y la devastadora ola de incendios que está afectando a España, con un récord de hectáreas quemadas en las últimas tres décadas. Vercher ya ha comunicado a la unidad del Seprona, de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía General del Estado, la necesidad de recopilar información sobre si los municipios que han sufrido los incendios más devastadores disponen de estos planes de prevención, tal como establece la Ley de Montes de 2003.

La falta de programas preventivos no solo impacta a los Ayuntamientos, sino también a las comunidades autónomas, que desde hace tres años están obligadas a elaborar planes anuales de este tipo. Además, el Gobierno central tiene su responsabilidad, ya que aún no ha aprobado el real decreto que establece los criterios comunes para que los Ejecutivos regionales desarrollen sus programas autonómicos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que dicho decreto se aprobará “en pocas semanas” y justifican el retraso en el complicado proceso de alegaciones, dado que es una competencia compartida con las autonomías.

Frente a esta oleada de incendios, Vercher ha indicado, además de solicitar al Seprona que investigue los siniestros, envió este lunes un documento a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente, enfatizando la importancia de estos documentos: “es evidente (…) que la situación que estamos sufriendo se debe a la falta o, en su defecto, a la aplicación inapropiada de los planes de prevención de incendios”. El fiscal coordinador, que anualmente destaca este problema, ofrece su colaboración a los demás representantes del Ministerio Público y les recuerda que, en los casos más críticos o de “peligrosidad del terreno o del contexto en el que se ha producido el incendio” y donde “la existencia de los mencionados planes sea ineludible”, los fiscales podrían considerar exigir la “responsabilidad penal” de aquellos que “teniendo la obligación de elaborarlos” no lo hayan hecho. En cualquier caso, si el caso no tiene la entidad suficiente para considerarse un delito, Vercher les instó a remitir la información a la “administración sancionadora” correspondiente.

La Ley de Montes establece que las zonas calificadas de alto riesgo de incendio deben contar con planes de prevención. El objetivo de esos documentos, indica Vercher en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, es “evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que ocurran, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente” mediante la “anticipación”. Estos planes, añade Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, ayudan a identificar los “puntos vulnerables” en un municipio y a ser conscientes de las posibles vías de problemas al entrar las llamas.

Greenpeace ha denunciado públicamente que, en el caso del incendio en Tres Cantos, una localidad madrileña, el municipio no contaba con un plan de prevención pese a estar en una zona de riesgo. En contraste, Soto destaca la localidad de Torrelodones, también en la Comunidad de Madrid, que sí dispone de un buen documento de este tipo.

La falta de estos planes, explica Vercher a EL PAÍS, ha llevado en el pasado a la apertura de algunos procesos judiciales. Por ejemplo, en la localidad madrileña de Arroyomolinos, donde la fiscalía denunció al Ayuntamiento tras un incendio. Vercher detalla que este caso está ahora a la espera de sentencia.

Greenpeace denuncia desde 2018 el escaso cumplimiento de los municipios del país en la elaboración de planes de prevención. También critica la falta de transparencia por parte de las administraciones, especialmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en relación a este asunto. La Fiscalía de Medio Ambiente lleva años advirtiendo sobre este problema. El propio Vercher ha podido transmitir su preocupación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto del Ejecutivo en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod) en las que ha participado debido a la actual ola de incendios.

Sin embargo, Vercher explica que con su escrito no solo pone el foco sobre los ayuntamientos en las mencionadas zonas de alto riesgo de incendio, sino también en las comunidades autónomas, que tienen competencias en esta área. Los Ejecutivos regionales, además, están obligados a elaborar “planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales” para todo su territorio.

Esta obligación se introdujo en la normativa mediante un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado en agosto de 2022, tras un inicio de verano desastroso. De hecho, hasta agosto de 2022, ese año se había considerado el peor desde los años noventa del siglo pasado en cuanto a hectáreas quemadas. En dicho real decreto hace tres años se advertía que “el calentamiento global, junto con el proceso de transformación social, económica y ecológica del medio rural” ya apuntaba “a la aparición de situaciones de emergencia de mayor complejidad” en relación a los incendios.

Por eso, después de la feroz oleada de incendios en 2022, el Gobierno entendió que era necesario ir más allá de las mencionadas zonas de alto riesgo y que los planes de prevención debían abarcar “la totalidad del territorio de cada comunidad autónoma”. Además, debían “ser actualizados con suficiente antelación” y “aplicarse de manera continua durante todo el año”. La norma aprobada hace tres años estipulaba que el Ejecutivo central, a su vez, debía aprobar con otro real decreto “las directrices y criterios comunes necesarios para la elaboración de los referidos planes” de prevención, vigilancia y extinción autonómicos. Pero, como lamenta Soto de Greenpeace, el Gobierno todavía no ha aprobado esa norma.

La elaboración de esas directrices para los planes anuales autonómicos de prevención se ha discutido desde 2022 en varias reuniones del denominado Comité de Lucha contra Incendios Forestales, un órgano de coordinación entre administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica elaboró un borrador de real decreto que estuvo abierto a participación pública hasta noviembre de 2023. Sin embargo, la norma que debe establecer los criterios de los planes aún no ha sido aprobada.

El Ministerio de Transición Ecológica argumenta que el proceso de alegaciones ha sido complicado: “hemos intentado tramitarlo con la mayor rapidez posible, pero debido a que se trata de competencias autonómicas, ha sido necesario generar un consenso”. Este departamento aclara que, en algunos casos, las comunidades “han manifestado actitudes compatibles con la percepción de que se trataba de un ejercicio de fiscalización por parte del ministerio”. Además, añaden: “algunas consideraban que no podíamos regular aspectos de su competencia; en otros casos, alegaban la dificultad de elaborar planes anuales, en vez de cada cinco años, o que la elaboración de estadísticas o el seguimiento podría llevar a asumir responsabilidades”. A finales de julio, el texto fue presentado al Consejo de Estado y la previsión del Ministerio de Transición Ecológica es que el real decreto pueda ser aprobado en “pocas semanas”.

Soto destaca la importancia de contar ya con esos “criterios comunes” para poder tener una planificación y las herramientas necesarias contra el fuego. También advierte sobre los discursos políticos que indican que una ola así “no se podía prever”. “Ya ocurrió en 2022”, sostiene. “Sabemos que la extinción no es la solución, la clave es la prevención.”