Presión para acudir a la Fiscalía y Sánchez reconoce equivocaciones.

La administración de las denuncias por presunto acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor y persona cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desencadenado la mayor crisis interna del PSOE en años. Lo que comenzó como dos denuncias internas sin respuesta ha evolucionado en una revuelta de federaciones, críticas de referentes feministas y una oleada de indignación que recorre al partido de arriba abajo. El presidente ha reconocido un «error en la velocidad» y «falta de reacción», pero descarta que el partido lleve el caso a la Fiscalía, argumentando que es responsabilidad de las denunciantes dar ese paso.

El escándalo ha influido en los actos por el 47º aniversario de la Constitución, donde Sánchez, por primera vez públicamente, asumió su responsabilidad: «Yo asumo el error en primera persona». No obstante, enfatizó que no hubo intención de encubrimiento, defendió el protocolo antiacoso del partido y garantizó que, si las víctimas deciden acudir a la justicia, contarán con «apoyo y ayuda».

Sin embargo, el malestar se intensifica. Sectores feministas del partido, con Adriana Lastra y Andrea Fernández entre las voces más contundentes, demandan que el expediente se remita a la Fiscalía. La situación genera especial preocupación ya que impacta el discurso histórico del PSOE como referente en la defensa de los derechos de las mujeres. «Las cosas no se han hecho bien», reconoció también María Jesús Montero, una de las dirigentes más destacadas por su conocimiento previo de denuncias internas, junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien fue captada recientemente comiendo con Salazar cuando el caso ya era conocido.

La tensión es evidente en chats internos y estructuras territoriales, donde los cargos advierten sobre el desgaste electoral. «Esto nos destroza», resume un dirigente socialista. Incluso sectores «sanchistas» han expresado cansancio con la gestión del caso y reclaman una resolución rápida y reparación institucional. Se teme un impacto negativo en el voto femenino en pleno ciclo electoral, con especial inquietud en federaciones como Andalucía, Asturias y Galicia, donde se organizan críticas coordinadas.

Mientras tanto, el presidente intenta controlar la crisis. Defiende que el partido actuó con firmeza al apartar a Salazar en julio y atribuye la demora en contactar con las denunciantes a la falta de personal en la Oficina contra el Acoso. Sin embargo, las víctimas esperaron cinco meses sin respuesta y las denuncias fueron eliminadas del sistema interno, justificado por Ferraz como un «fallo informático», una versión que varias federaciones ya no aceptan.

El expediente sigue abierto y la presión para que el PSOE envíe el caso a Fiscalía no cesa. La dirección del partido sostiene que el procedimiento interno debe completarse sin interferencias, aunque crece el temor a que una resolución lenta profundice el daño político.

El caso Salazar no solo cuestiona la gestión interna, sino también la credibilidad feminista del partido, la cohesión de su dirección y la estabilidad política de un Gobierno que enfrenta múltiples frentes judiciales y electorales. Las próximas decisiones determinarán si la crisis se resuelve con reformas internas o si se convierte en un conflicto mayor que reorganice el poder en Ferraz.