La amplia revisión del alquiler podría aumentar el costo para los inquilinos hasta 4.600 euros en 2026 | Economía

El inicio de la desescalada tras los momentos más críticos de la crisis de la covid-19 revitalizó significativamente el mercado de alquiler en España. Después de los confinamientos y el retorno progresivo a la normalidad, miles de arrendatarios, impulsados por la movilidad laboral y la reactivación de la economía, firmaron nuevos contratos de alquiler. Ahora, cumplidos los cinco años que establece la ley de arrendamientos urbanos, muchos de estos contratos están a punto de vencer y pueden ser renovados. Sin embargo, la situación actual es completamente diferente a la de aquel entonces, tanto por la presión habitacional en las grandes ciudades como por los precios. Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cerca de 630.000 contratos ―que impactan a alrededor de 1,6 millones de personas― se renovarán el próximo año, con un aumento de hasta 383 euros al mes respecto al valor inicial, lo que supone un sobrecoste anual de 4.600 euros en los casos más extremos.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy, utilizando datos del Panel de Hogares (elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales), estima que en 2020 se firmaron aproximadamente 568.500 contratos que ya estarían experimentando una considerable revisión a lo largo de este año. Para 2021, esta cifra aumenta a 632.369, lo que sugiere que la renovación inminente será incluso mayor, con un incremento medio de 1.735 euros por vivienda en España, según cálculos que consideran la variación en el precio medio del metro cuadrado durante el periodo analizado.

No obstante, las cifras varían significativamente entre diferentes regiones. Según los datos que maneja el ministerio, a los que ha accedido EL PAÍS, los más afectados serán los 24.456 contratos que deben renovarse en Baleares. En esta comunidad, el alquiler medio aumentará en más de 4.600 euros anuales. También se espera un notable aumento en la Comunidad Valenciana, donde 62.500 contratos verán un incremento de casi 2.700 euros al año.

En Canarias, se prevé un aumento de 2.267 euros para los casi 40.000 contratos en esta situación. En Madrid (145.800 viviendas que necesitan renovación, el número más alto), el incremento medio será de 2.042 euros anuales, mientras que en Andalucía y Cantabria rondará los 1.900 euros.

Las subidas más modestes se anticipan en Melilla (328 euros), Ceuta (784 euros) y Aragón (831 euros). Cataluña, explican en el ministerio, queda excluida de este análisis debido a su control de precios en las zonas consideradas tensionadas, donde reside el 80% de su población. Estas son familias que, al menos en teoría, no verán un aumento en la renta por encima de la variación anual del IPC. Además, no se dispone de datos para el País Vasco y Navarra, que quedan fuera del Panel de Hogares debido a las particularidades de sus regímenes forales.

Los cálculos realizados por Consumo son aproximados en cuanto al número de personas afectadas y el impacto económico. A las ciudades catalanas declaradas como zonas tensionadas, que, en teoría, no sufrirán aumentos desproporcionados en las rentas, se suman localidades como A Coruña. Asimismo, el ministerio no considera a los hogares que hayan podido dejar su vivienda antes de la expiración de su contrato ni el impacto de los propietarios con personalidad jurídica (es decir, empresas), cuyos contratos se renuevan cada siete años. A esto se añade que los alquileres en áreas de baja demanda carecen de una dinámica de mercado que les permita elevar sus precios.

A pesar de ello, desde el departamento de Bustinduy sostienen que el Gobierno debería establecer una renovación automática de los contratos de alquiler que finalicen en los próximos meses. Es decir, solicitan una congelación de los precios, permitiendo únicamente actualizaciones anuales con base en el IPC, como ocurre tradicionalmente con los contratos vigentes. El objetivo es “proteger a los arrendatarios e inquilinas de la subida de precios y facilitar los proyectos de vida de la ciudadanía”.

Fuentes de Sumar indican que han trasladado esta propuesta al Ministerio de Vivienda, liderado por el PSOE, pero aún están esperando una respuesta oficial. Por el momento, aunque parece que comparten el diagnóstico, los dos socios del Gobierno tienen desacuerdos en la propuesta de soluciones. El departamento de Isabel Rodríguez, en consulta con este periódico, afirma que la congelación obligatoria de los contratos a través de un decreto-ley requeriría convalidación parlamentaria, y actualmente no hay una mayoría que la respalde. “Cabe recordar que en últimas semanas han decaído varias medidas propuestas en materia de vivienda por parte de Sumar por falta de apoyo”, añaden.

“Las Administraciones públicas estamos obligadas a actuar con rigor y a no generar falsas expectativas que agudicen la desesperanza de la ciudadanía”, añaden desde Vivienda, donde insisten en trabajar “siempre desde el rigor y la seguridad jurídica”. Los portavoces ministeriales resaltan que los límites a los aumentos de alquiler podrían aplicarse en todas las áreas con problemas de acceso a la vivienda si los gobiernos autonómicos del PP, que administran la mayoría de las comunidades, decidieran implementarlos. “Ellos son responsables de que sus ciudadanos enfrenten aumentos de alquiler a su antojo”, añaden.

Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el mercado del alquiler ha mostrado un incremento acumulado constante. A nivel estatal, el precio ofertado para viviendas ha ascendido de 10,8 euros por metro cuadrado a 14,5 euros, lo que representa un aumento del 34%, según los informes de precios de oferta del portal inmobiliario Idealista. Esto, aplicado a un piso medio de 80 metros cuadrados, se traduce en un incremento de 864 a 1.160 euros, es decir, 300 euros más al mes (3.600 euros anuales). “Los datos evidencian la necesidad de una intervención urgente en el mercado de la vivienda, y específicamente en el mercado del alquiler. Es una emergencia y es nuestra obligación actuar en consecuencia, no resignarnos”, concluyen fuentes del socio minoritario del Gobierno.

En el Ministerio de Vivienda recuerdan que también están trabajando en la regulación de los contratos de temporada para evitar el fraude, implementando diversas herramientas para impedir la comercialización de viviendas turísticas ilegales, así como para limitar su proliferación en áreas no deseadas por los vecinos.