La Audiencia Nacional está indagando al menos ocho casos de fraude fiscal en el IVA de hidrocarburos que superan los 1.000 millones de euros.

En los últimos años, el fraude dentro del sector de los hidrocarburos ha sido objeto de exhaustivas investigaciones policiales y judiciales. A medida que los precios de los carburantes han aumentado debido a las fluctuaciones del mercado y a las lagunas legales, este tipo de fraude se ha expandido, siendo el caso Villafuel su principal exponente en los medios, el cual involucra al empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y a su socio Claudio Rivas.

De acuerdo con información obtenida por Público, en la actualidad, la Audiencia Nacional tiene bajo su escrutinio al menos ocho causas relacionadas con el fraude en el sector de los hidrocarburos, las cuales habrían generado un perjuicio a la Agencia Tributaria de más de 1.048 millones de euros. Además de estas investigaciones, se destaca la reciente condena a la empresa Hafesa Energía, perteneciente al empresario fugado Alejandro Hamlyn, y 14 individuos por un fraude fiscal correspondiente al IVA de hidrocarburos que suma 154 millones de euros entre 2016 y 2019.

El modus operandi consiste en establecer una empresa autorizada para operar en el sector y trasladar la responsabilidad por el impago del IVA a empresas instrumentales. Este IVA, que representa un 21% del precio del carburante, no es abonado, y estas empresas desaparecen antes de que la Agencia Tributaria pueda efectivamente recaudar el impuesto.

«El efecto de este impago permite a estas [las operadoras] ofrecer sus productos a precios más bajos que sus competidores, utilizando ese 21% como margen comercial para reducir sus precios, acaparando así el mercado, socavando la competencia y logrando ingresos millonarios mientras logran mantenerse operativos sin ser detectados por los mecanismos de control de la Administración», se describe sobre este fraude en un informe de la Unidad Central Operativa de la UCO, fechado en octubre de 2024.

Aldama y Claudio Rivas, protagonistas principales

El informe mencionado se enmarca en la pesquisa del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sobre el caso Villafuel, nombrado así por la empresa que recibió la autorización como operador mayorista del mercado de los hidrocarburos en septiembre de 2022. En este documento, la UCO «considera desarticulada la organización criminal que facilitó la comisión de delitos contra la Hacienda Pública por un fraude inicialmente valorado en 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024«.

El último informe del equipo de Delincuencia Económica de la Benemérita, presentado el jueves pasado, detalla cómo el empresario Claudio Rivas, presunto «máximo responsable» de la trama, solicitó a Aldama que intercediera para «obtener la influencia» de José Luis Ábalos cuando este ocupaba el Ministerio de Transportes. Así, la UCO sospecha que la trama destinó «un millón de euros a comprar la voluntad» del exministro José Luis Ábalos, quien actualmente está en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Víctor de Aldama y Claudio Rivas fueron arrestados junto a 12 personas en octubre de 2024 en el marco de una operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, en cooperación con la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto fraude a la Hacienda Pública en el ámbito de los hidrocarburos. Un mes y medio después, y tras «iniciar una nueva línea de colaboración en todas las causas» en las que se le investigaba, el comisionista del caso Koldo fue liberado. Posteriormente, en diciembre, Pedraz liberó a Claudio Rivas también.

Aldama se enfrentará a un juicio junto a Ábalos y su exasesor Koldo García por supuestas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía solicita penas de 24 años de cárcel para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para Aldama, a quien se le aplica una atenuante analógica de confesión debido a su supuesta cooperación con el Ministerio Fiscal.

Claudio Rivas también está implicado en otro fraude millonario en el sector de los hidrocarburos anterior al de Villafuel, que también está siendo investigado por el juez Pedraz. Este procedimiento se inició en 2021, con la desarticulación de la organización criminal que controlaba la empresa Gaslow Abastecimientos, a quien se le atribuye un fraude contra la Hacienda Pública de 136 millones de euros entre 2019 y 2020.

Investigado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, la UCO indica que Rivas es un «experto en operativas vinculadas a la delincuencia económica, y en particular, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos».

Cuatro causas en el Juzgado Central de Instrucción 3

El reporte de la UCO de octubre de 2024 también revela los supuestos vínculos de Rivas con otras empresas relacionadas con el sector hidrocarburífero, desvelando otra causa investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 3 sobre la operadora Tradea Bros.

Los investigadores subrayan una llamada a Claudio Rivas indagando acerca de una empresa cuyo administrador único tenía varias entidades relacionadas con el sector, indicando que «una de estas era una distribuidora que adquiría producto a la operadora mayorista de hidrocarburos Grupo Bravo Continental, anteriormente conocida como Tradea Bros Operador Petrolífero, la cual fue inhabilitada en el listado de operadores de la CNMC desde el 1 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación conducida por el Juzgado Central de Instrucción número 3″, enfatizan los agentes en el informe.

Por su parte, fuentes judiciales informan que la causa continúa bajo secreto de sumario. Un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, fechado el 24 de mayo de 2024, establece que es una investigación «bastante compleja» en la que podrían haber intervenido varias personas y en la que se investiga un número significativo de operaciones mercantiles por la supuesta comisión de uno o más delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

«El Ministerio Fiscal estima el monto defraudado a la Hacienda Pública por el Impuesto del Valor Añadido en aproximadamente 74 millones de euros, sin tomar en cuenta las cantidades que pudieran haberse defraudado en el año 2024″, añade el auto que rechaza el recurso de apelación contra la decisión del juzgado de mantener congeladas las cuentas bancarias de uno de los implicados.

Además, bajo la dirección de la magistrada María Tardón, este juzgado investiga otra causa descubierta por la UCO,dividida en varias ramas. Esta macrocausa se originó a partir de una investigación iniciada en 2013 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Illescas (Toledo). Más tarde, se trasladó al Juzgado Central de Instrucción número 3, donde se acordó dividir el procedimiento en piezas separadas.

Según documentos oficiales, hasta la fecha hay al menos cuatro sentencias relacionadas con este procedimiento, que se centran principalmente en el fraude correspondiente al Impuesto Especial de Hidrocarburos, aunque también se señala que el fraude global también consistía en no declarar ni el IVA ni el Impuesto sobre Sociedades como parte del sistema.

Asimismo, este juzgado alberga la investigación de otra causa relacionada con este fraude, abierta en 2018 y dividida en dos piezas, como precisan fuentes judiciales.

Por otro lado, poco después de que el caso Villafuel saltara a la opinión pública, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil llevaron a cabo una serie de acciones contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA en el comercio de hidrocarburos, así como al posterior blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente.

La organización presuntamente habría defraudado a la Hacienda Pública en los años 2020 y 2021, alcanzando los 133 millones de euros. La investigación, que involucra al Grupo Buran –según fuentes judiciales–, busca dilucidar la creación de un «complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios del sector mediante el cual llevarían a cabo el fraude, responsabilizando a las empresas instrumentales de manera artificial de la liquidación de los impuestos que origina este comercio. A la vez, dichas empresas transfieren los fondos correspondientes a las ganancias generadas por la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otros negocios en países terceros», detalla un comunicado de la Agencia Tributaria.

Descubierto un nuevo fraude de 280 millones

A principios del actual mes, la Policía Nacional llevó a cabo un registro bajo la orden del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, en las instalaciones de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil, inhabilitada por el Gobierno para operar productos petrolíferos, a la que la Hacienda le reclama 119 millones de euros.

La operación está relacionada con un presunto fraude de 280 millones de euros en IVA de hidrocarburos, además de haber culminado con ocho arrestos. Los delitos investigados incluyen pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, según informan fuentes cercanas al caso.

Otra causa a punto de llegar al juicio

Finalmente, el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha propuesto llevar a juicio a 22 presuntos miembros y colaboradores de una organización criminal que supuestamente defraudó más de 194 millones de euros entre 2021 y 2024 en el pago del IVA de hidrocarburos.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, emitido a finales de noviembre, el juez considera que hay suficientes indicios para juzgar a los implicados por el delito de organización criminal, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental.

Respecto al delito de blanqueo de capitales, presuntamente cometido mediante la reintegración al circuito económico de las cantidades defraudadas, el juez decidió abrir una pieza separada para el enjuiciamiento de este delito, ya que requiere una investigación más detallada debido a la necesaria emisión de comisiones rogatorias que prolongarán el procedimiento.

El magistrado, que abrió esta causa en julio de 2024 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, explicaba en su dictamen que la operativa implementada por los investigados «tiene como objetivo eludir deliberadamente el ingreso del IVA correspondiente en la Hacienda Pública en la comercialización de hidrocaburos».

El juez instructor menciona a los investigados Javier García, Israel Ocaña de Novoa y Javier González como los cabecillas de la organización y «verdaderos arquitectos del fraude fiscal». También destaca en su auto que los miembros de la supuesta trama criminal «establecieron sociedades instrumentales de primer nivel». Entre ellas se encuentran R5, Energía Power y Omega Fuels, que «actuando como suministradoras se encargan de importar los hidrocarburos dentro del depósito fiscal con impuestos especiales en régimen de suspensión y exención de IVA», detalla el juez.

En este contexto, fuentes de la Agencia Tributaria sostienen que este problema, «hoy por hoy, está bastante limitado gracias a los cambios normativos» implementados para impedir la salida de combustible de depósito sin el pago del IVA, así como gracias a la depuración del Redef (el Registro de Extractores) y la modificación impulsada por el Ministerio de Industria para restringir la presencia de intermediarios en la cadena de distribución. «Los casos que estamos llevando ahora, y que aún quedan algunos en curso, corresponden a fraudes cometidos, y en algunos casos, ya denunciados ante el juzgado, antes de la aplicación de todas estas medidas», añaden estas voces en declaraciones a Público.

Sin embargo, desde la patronal de las petroleras, la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), enfatizan la necesidad de desarrollar el nuevo marco normativo del IVA para asegurar su pago antes de la salida del producto del depósito donde se almacena. «Es crucial avanzar en la aprobación de nuevas medidas para combatir el fraude en la distribución de carburantes, que continúa afectando gravemente al conjunto del país: a las finanzas públicas, a los consumidores y a la competitividad de nuestra industria. En este aspecto, es especialmente urgente e importante incluir, entre las causales de inhabilitación de operadores, el incumplimiento de las obligaciones tributarias», concluyen fuentes de la organización a este medio.