El Kremlin designa a Deutsche Welle como «organización no bienvenida» y advierte sobre sanciones por cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha designado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta calificación conlleva penas de hasta seis años de prisión para aquellos que trabajen en el canal, así como multas e incluso prisión para los espectadores que compartan o den «me gusta» a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha ofrecido explicaciones sobre los motivos que llevaron a proscribir a este medio de comunicación alemán. “Este último intento de silenciar a los medios libres demuestra el evidente desprecio del régimen ruso hacia la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, declaró la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de la confirmación del veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle cuenta con más usuarios que antes”, sostiene Massing en un comunicado. “Seguiremos ofreciendo nuestra cobertura periodística independiente de la guerra de agresión contra Ucrania y otros asuntos sobre los que la información es prácticamente inaccesible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, añadió la directora general del medio alemán.

Este veto final es el clímax de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales iniciaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Al comenzar la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal del Kremlin, Russia Today, en alemán, lo que llevó a Moscú a catalogar a Deutsche Welle como agente extranjero. Aunque esta designación no implicaba un veto, sí limitaba su operación hasta hacerla prácticamente imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin etiquetó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. En la actualidad, tras varias reformas legales, esta clasificación también puede acarrear encarcelamiento por no identificarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió prescindir de colaboradores en Rusia en 2024, un año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de noticias, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas páginas siguen siendo inaccesibles hoy en día, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido extremadamente ralentizado y que el Parlamento ruso ha asegurado que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin introdujo su legislación sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, para reprimir cualquier voz crítica. Bajo esta normativa, 280 instituciones han sido vetadas, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la mera mención de una organización de la lista en las redes sociales conlleva multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o tener antecedentes puede ser causa suficiente para abrir un caso penal contra el presunto infractor.

Según el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». De hecho, en marzo de 2022, el Parlamento ruso aprobó una ley que castiga con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Es decir, difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, el nombre oficial de un conflicto que la legislación se niega a calificar como “invasión” o “guerra”.