El Kremlin categoriza a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha clasificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión por trabajar en el canal y multas, e incluso la encarcelación de los espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha aclarado las razones para prohibir a este medio federal germano. “Este último intento de silenciar a los medios libres evidencia el flagrante desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, declaró Barbara Massing, directora general de Deutsche Welle, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que nunca”, sostiene Massing en un comunicado. “Continuaremos ofreciendo una cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas que casi no son accesibles en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, añadió la directora del medio alemán.

Esta prohibición es el resultado final del acoso del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal Kremlin Russia Today en alemán, a lo que Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Aunque esto no implicaba un veto, sí limitaba su capacidad de acción hasta hacerla prácticamente imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó entonces a su periodista Alexander Smirnov como agente extranjero de manera individual. Actualmente, después de varias reformas legales, esa clasificación puede conllevar la encarcelación por no etiquetarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió dejar de colaborar con periodistas en Rusia en 2024, año en que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estos sitios siguen sin ser accesibles hoy, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que se ha ralentizado al extremo y que el Parlamento ruso ha informado que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin implementó la ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el objetivo de reprimir toda voz crítica. Bajo esta medida, han sido prohibidas 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la simple mención de una organización de la lista en redes sociales conlleva multas de entre 5,000 y 15,000 rublos (aproximadamente entre 53 y 160 euros), aunque la reincidencia o tener otros antecedentes puede llevar a la apertura de un caso penal contra el presunto infractor.

Según Vasili Piskariov, presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». En marzo de 2022, el Parlamento ruso aprobó una ley que castiga con cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”, lo que significa que difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, nombre que la legislación se niega a llamar “invasión” o “guerra”, puede ser penalizado.