La Audiencia Nacional ordena la entrega de los audios relacionados con el presunto espionaje a Podemos tras la solicitud del PSOE.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha instruido que se entreguen los audios completos del supuesto espionaje policial a Podemos, a solicitud del PSOE, que actúa como acusación popular en el caso. Específicamente, la Sala ha ordenado al juez instructor que tres medios de comunicación faciliten las grabaciones y una factura para su investigación.

El PSOE solicitó al juez la inclusión en el sumario de los audios publicados en diversos periódicos digitales sobre la reunión de tres policías que viajaron a Estados Unidos para obtener información de un disidente chavista sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. El encuentro tuvo lugar el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York.

La solicitud de diligencias de investigación fue denegada por el instructor Santiago Pedraz el pasado 24 de abril. El PSOE apeló esta decisión en reforma, lo que también fue rechazado. Así, los socialistas solicitaron a la Sala que reconsiderara la decisión.

La Fiscalía se opuso, sin embargo, la Sala de lo Penal ha decidido que se deben llevar a cabo las diligencias de investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La ponencia está a cargo del magistrado Francisco Javier Vieira, quien ha acogido el recurso del PSOE por unanimidad.

Las grabaciones de Podemos

La Sala sostiene que los periódicos Moncloa.com, El Confidencial y Abc deben proporcionar la totalidad de los audios que publicaron en 2019 sobre la reunión de los policías en la que se discutieron temas relacionados con la formación de Iglesias. El objetivo es poder continuar la investigación sobre el supuesto espionaje a Podemos.

Así, la Sala solicita que se presenten las grabaciones completas de los fragmentos de audio publicados en las noticias tituladas; «Los policías del espionaje a Podemos: ‘Tengo un mandato del ministro y del presidente’» y «Los policías de José Ramón y Leonardo: ‘Si Podemos no llega al Gobierno… mejor’».

También se exige la factura divulgada en Abc sobre un artículo en el que se afirmaba que Pablo Iglesias había recibido 93.000 euros de Irán entre 2013 y 2015.

Diligencias necesarias

La Sala expone que la necesidad de realizar estas diligencias se justifica en el recurso, al tratarse de documentación que ha sido publicada únicamente de manera parcial en esos medios, con el fin de garantizar la integridad del documento. Sin embargo, solicita que se respete el anonimato de las fuentes periodísticas y las comunicaciones mantenidas con los informadores.

«Limitado el objeto del recurso a la inclusión de la documentación completa que puede obrar en tres medios de comunicación y que motivó las publicaciones mencionadas, debe considerarse pertinente la práctica de esa diligencia», afirman los jueces en el auto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y añaden: «Publicados en esos medios datos fragmentarios de grabaciones a los que aluden las informaciones mencionadas, resulta útil para la investigación contextualizar los fragmentos publicados con la totalidad de la grabación, para determinar su eficacia en la investigación en curso. Asimismo, la aportación del documento completo al que se refiere otra información puede proporcionar datos fundamentales sobre su autenticidad».

El PSOE ejerce de acusación

El PSOE ha intentado durante los últimos meses prohibir la figura de la acusación popular al darse cuenta de que se iniciaban investigaciones judiciales sobre el entorno de Pedro Sánchez.

La acusación popular tiene la capacidad de impulsar la acción penal y, al observar que diversas asociaciones se personaban en los casos que afectaban al PSOE, el Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha intentado ilegalizarla.

El PSOE presentó el pasado mes de enero una proposición de ley para limitar la figura de la acusación popular, prohibiendo que partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos puedan ejercerla. Sin embargo, los socialistas utilizan la acusación popular para luchar judicialmente contra sus adversarios políticos.

De hecho, se ha personado como acusación popular en varios procedimientos que afectan al PP, como el supuesto espionaje a Podemos. Esta causa inició a raíz de una querella de Podemos contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios altos mandos de la Policía, por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que formaban parte de la formación morada.

El PSOE demanda diligencias y apela las decisiones judiciales para que estas investigaciones contra la oposición sigan su curso en los tribunales.