Sánchez solicita a los ministros implementar medidas sociales independientes del Congreso para reactivar la situación | España

Pedro Sánchez no considera finalizada la legislatura, pero es consciente de la fragilidad parlamentaria del Gobierno. El presidente ha solicitado a los ministros de la coalición de PSOE y Sumar que le presenten un listado de tres o cuatro iniciativas sociales que el Ejecutivo pueda aprobar en 2026 sin necesidad de pasar por el Congreso, según ha confirmado EL PAÍS a partir de una decena de fuentes gubernamentales. Es decir, se busca que la acción legislativa de La Moncloa no dependa de un bloque de investidura fracturado, en el que Podemos lleva tiempo en contra y Junts sostiene que ya rompió el pacto que llevó a Sánchez a la presidencia en otoño. Sin embargo, todo este resentimiento no se traduce en la caída del Gobierno.

El presidente hizo esta solicitud en noviembre y, en las semanas siguientes, reiteró la demanda de propuestas “ambiciosas” y “disruptivas”, según coinciden ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos de La Moncloa. La petición “no consistía en una tormenta de ideas”, señala un alto funcionario del Gobierno, sino en un listado de “ideas concretas y viables”, que sean “fácilmente” implementables y que “conecten con la ciudadanía”, que aunque se benefician de buenos datos macroeconómicos, enfrentan el aumento del costo de la vida, teniendo el precio de la vivienda como uno de los principales problemas sociales.

El objetivo de Sánchez es recuperar la iniciativa tras un cierre de año desastrozo por los escándalos de corrupción y acoso sexual, así como el mal resultado de los socialistas en Extremadura. La manera de marcar la agenda pública sería a través de una serie de medidas significativas cuya convalidación no dependa de las Cortes, permitiendo que los ciudadanos las atribuyan sin dudas al Gobierno y no a otras Administraciones, como las comunidades autónomas, mayormente gobernadas por el PP. A un lado, se encontrarían las medidas que requieren aprobación en el Congreso, como la revalorización de las pensiones y otras propuestas del último escudo social, o el aumento salarial de los empleados públicos. El apoyo a estas iniciativas está incierto, pero el Gobierno trata de aprovechar las dificultades de Junts para justificar su rechazo, así como las del PP, que hace un año votó en contra de la revalorización de pensiones en un país con 9,4 millones de jubilados. No obstante, el Ejecutivo es consciente de que cada vez tiene menos margen para confiarse: en septiembre sufrió un duro golpe cuando PP, Vox y Junts rechazaron la reducción de la jornada laboral.

Las perspectivas del Gobierno en el Congreso no son nada positivas y, de hecho, el proyecto de Presupuestos se presentará sin garantías de éxito en el primer trimestre de 2026. Por eso, Sánchez cuida celosamente los anuncios que tiene en mente, según las fuentes consultadas. Las medidas no necesariamente llevarán consigo un gran desembolso de gasto público, reconocen en La Moncloa. Sin embargo, es evidente que la mejora del salario mínimo será una de las medidas clave del plan del Gobierno. Durante el mandato de Sánchez, el salario mínimo ha aumentado un 61%, de 736 euros en 2018 a 1.184 euros brutos al mes en 2025, distribuidos en 14 pagas.

Los expertos consultados por el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, sugieren un salario de 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2026, si está exento de tributación, o de 1.240 si contribuye al IRPF. La coalición ya ha demostrado su capacidad de transformar una medida en un conflicto entre PSOE y Sumar acerca de la tributación del salario mínimo, y por ello buscan una fórmula de consenso que satisfaga a ambos socios. Hacienda considera una deducción de aproximadamente 600 euros para que los beneficiarios del futuro salario mínimo no paguen IRPF.

Otro ejemplo de la dirección en la que avanzan, señalada en uno de los ministerios enfocados en políticas sociales, es el programa de ayudas públicas de hasta 100 euros que ha entrado en vigor este mes para financiar gafas o lentillas a menores de hasta 16 años, promovido por el Ministerio de Sanidad. En La Moncloa, diferencian entre los ministerios con mayor enfoque social, como Transportes o Vivienda, en comparación con el músculo que ha adquirido Defensa tras el compromiso de Sánchez de invertir 10.471 millones de euros adicionales para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este año. “Eso supone en la práctica 220.000 puestos de trabajo en un corredor industrial por toda España”, destaca un secretario de Estado, subrayando que se trata de una política que permitirá fijar población con empleos cualificados en provincias como Soria, Jaén y Teruel.

La Moncloa, sin embargo, no proporciona indicios sobre los plazos que maneja. La discreción es total, con departamentos estancos, como admiten varios ministros. “No tengo conocimiento de las propuestas de otros ministerios”, dice uno de ellos. Lo que sí está claro es que Sánchez las presentará y que algunas coincidirán con el inicio de un año marcado por la próxima cita electoral, el 8 de febrero en Aragón, y un mes después, por las elecciones en Castilla y León. Las elecciones en Andalucía se celebrarán como muy tarde en junio. “Viendo el calendario, es comprensible que el presidente quiera contar con un repertorio de iniciativas a las que recurrir para hacer distinción [de la derecha]. Es cierto que el ruido puede opacar el contenido, pero cuando se tiene algo interesante, también se apacigua el ruido. Y al final, el BOE es el BOE”, observa otro ministro.

Una de las lecciones que ha dejado la debacle del PSOE en las elecciones extremeñas, donde se desplomó de 28 a 18 escaños en comparación con las elecciones autonómicas de 2023 y perdió más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 14,2 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%), es que la mayoría de esos votantes optó por la abstención en lugar de por la derecha. “Se quedaron en casa principalmente por el descontento con el candidato ―Miguel Ángel Gallardo, que dimitió el martes como secretario general―, y por lo tanto son recuperables, pero tenemos que generar esperanza y ofrecerles un futuro. No es suficiente con la gestión desde 2018, debemos seguir transformando España”, afirman en el entorno del presidente, señalando que las medidas que Sánchez evaluará en estos días deben identificarse claramente con el Gobierno “en contraste con la gestión de PP y Vox”.

Una de las reflexiones del presidente en la reunión de la dirección del PSOE el lunes de la semana pasada fue que los ciudadanos no perciben “la involución” en las políticas públicas que atribuye a los pactos de la derecha y la ultraderecha “gracias a que el PSOE gobierna España” y “les pone freno”. En esa misma línea se pronunció el martes Elma Saiz en su debut como nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Pilar Alegría tras el adelanto electoral en Aragón. “La población de comunidades autónomas donde se están llevando a cabo los pactos de PP y Vox aún no ha sufrido ni ha visto las consecuencias de la involución y los recortes que proponen, que llevan a dejar morir los servicios públicos o a restringir libertades como el derecho al aborto, porque el Gobierno de España está actuando como garantía para proteger esos derechos y servicios públicos”, observó. En esa comparecencia, Óscar Puente enfatizó que el Ministerio de Transportes había presentado al Consejo de Ministros solo en diciembre “asuntos a aprobación por un total de 3.008 millones de euros”. “Sin Presupuestos o con Presupuestos prorrogados”, acotó, insistiendo en que el Gobierno toma cada semana “medidas importantes para la vida de la ciudadanía” sin depender del Congreso.

Una ministra interpreta que hay otro mensaje implícito en las tareas que Sánchez ha asignado a los 22 ministerios: su disposición a seguir gobernando frente a la percepción que transmite el PP de un Gobierno en plena agonía. “El presidente está dispuesto a gobernar y continuar haciéndolo, y es una forma de hacérnoslo saber a todos. Quiere ideas innovadoras, pero también que el personal entienda que está involucrado y que espera lo mismo de nosotros”, señala. “Y que todos pensemos que no habrá elecciones generales hasta 2027”, concluye.