Ábalos solicita al Congreso la restitución de sus derechos como parlamentario | España

José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de noviembre. Ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que “reconsidere” la decisión tomada el 10 de diciembre, que suspende sus derechos y deberes parlamentarios. Su defensa ha pedido esta medida hasta la vista en el Tribunal Supremo el próximo 15 de enero, donde se revisará su recurso de prisión.

Ábalos califica la suspensión de “precipitada, indebida y arriesgada”, ya que no se ha resuelto aún el recurso de apelación que presentó el 4 de diciembre contra el auto de prisión provisional, que se discutirá en la vista de la próxima semana.

Lo ha expresado a través de su cuenta en X, donde comparte el escrito dirigido al órgano de gobierno de la cámara baja, fechado el 31 de diciembre, pidiendo ser restituido “al menos” hasta que se celebre la mencionada vista. La Sala de lo Penal evaluará los argumentos que la defensa ha presentado, argumentando la falta de indicios de corrupción en su contra, la ausencia de riesgo de fuga, la vulneración del derecho de representación política y el uso de prisión provisional para fines ajenos al proceso judicial.

La suspensión de sus funciones, indica Ábalos, “vulnera principios democráticos y el Estado de Derecho, como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato”, y “socava la confianza institucional y la imparcialidad necesarias para una democracia parlamentaria y representativa”.

La Mesa del Congreso acordó su suspensión el 10 de diciembre, tras la confirmación de su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, mientras que a su asesor, Koldo García, se le piden 19,5 años de cárcel y 3,9 millones de multa; él también está en prisión provisional por los mismos hechos.

La decisión, basada en el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, implica la pérdida del derecho al voto, de la remuneración económica y de la cobertura de protección social, entre otros aspectos.