El gobierno de Ayuso redirigió 61 millones de euros de las residencias para saldar una deuda pendiente con Quirón.
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- 12 de enero de 2026
El informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de 2024 revela que el Gobierno de Ayuso desvió 61,5 millones de euros destinados a residencias de ancianos para saldar deudas que el Ejecutivo madrileño mantenía con los hospitales Quirón de gestión privada en la región, según lo publicado por la cadena Ser. Este informe fue aprobado por el consejo de Gobierno madrileño el 23 de diciembre de 2025.
El organismo fiscalizador, dirigido por el exsocialista Joaquín Leguina, informa que esos 61,5 millones se utilizaron para “atender el gasto relacionado con la liquidación de la actividad correspondiente a la libre elección del ejercicio 2021 del convenio singular para la prestación de asistencia sanitaria, suscrito con la Fundación Jiménez Díaz”, según se detalla en el informe.
Hospitales concertados
La Fundación Jiménez Díaz no solo gestiona la parte concertada de dicho hospital, sino también otros tres hospitales de la red pública madrileña en Móstoles, Collado Villalba y Valdemoro.
En 2024, el Gobierno de Ayuso compensó a las empresas concesionarias de hospitales públicos (Quirón y Ribera Salud, que gestiona el Hospital de Torrejón) con 909,9 millones de euros, de los cuales una parte provino de fondos que estaban destinados a las residencias de ancianos y dependientes de la región.
Este desvío se defiende bajo el argumento de que la Agencia Madrileña de Atención Social (Amas) contaba con “remante de tesorería”, es decir, exceso de liquidez, ya que solo ejecutó el 89,5% del presupuesto destinado. Esto ocurrió porque de los 77 millones que tenía asignados para inversiones, sólo se ejecutaron 30 millones.
El problema radica en que, dado que existe la libre elección de centros y médicos, algunos pacientes madrileños eligen acudir a esos hospitales concertados, lo que incrementa la factura que debe pagar el Gobierno, ya que excede las cantidades asignadas a esos hospitales para atender a pacientes de su área.
Esta operación fue autorizada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, encabezada por Rocío Albert. Fuentes de dicho departamento justifican esta acción señalando que la Ley de Hacienda permite “el uso de créditos no gastados en ejercicios anteriores para convertirlos en gastos del ejercicio corriente”.