La jueza del caso de la FP que involucra al gobierno de Ayuso dirige su atención hacia otros siete institutos.

La jueza encargada de investigar la posible prevaricación relacionada con el escándalo de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid ha ampliado su investigación. Hasta ahora, el juzgado de instrucción 39 de Madrid se enfocaba en determinar si el centro de Formación Profesional Ciudad Escolar había llevado a cabo obras ilegales, fragmentando las reformas para eludir concursos que permitieran adjudicarlas directamente por un total de dos millones de euros.

La causa había recibido una prórroga en septiembre del año pasado. En un nuevo auto, la jueza convoca a declarar como testigos a siete directores de diferentes institutos, algunos de los cuales también llevaron a cabo obras en el periodo investigado, entre 2021 y 2023, durante el primer mandato de Isabel Díaz Ayuso. Casos como el del IES Alberto Corazón, conocido como la Escuela de Arte de Alcalá, fueron revelados por elDiario.es, que evidenció mediante una investigación que se habían ejecutado obras ilegales.

Además del director de este centro, la instructora llama a comparecer a los responsables del “IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias”, actuando “de conformidad con la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción”, que en un escrito anterior ya había señalado una “grosera y palmaria” falta del procedimiento de licitación de obras públicas.

En cuanto al Antonio Machado y el Conservatorio de Alcalá, ambos centros financiaron parcialmente las obras del IES Alberto Corazón, que costaron 1,2 millones de euros. Tal como relató el constructor que denunció los hechos y originó el caso, los pagos se fraccionaban y se daban instrucciones para realizar los pagos desde diferentes instituciones para evitar que se activaran las alarmas.

En este nuevo auto, el juzgado también cita como investigado a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria y Formación Profesional del anterior gobierno de Ayuso, quien se presentó en julio para declarar como testigo y ahora es investigado.

Obras sin concurso público

De acuerdo con la ley de contratos del sector público, las obras cuyo coste supere los 40.000 euros más IVA deben ser sometidas a concurso, un proceso que garantiza al contribuyente que hay competitividad y que se puede elegir la mejor oferta. Tal como demostró elDiario.es en su investigación, muchas de estas obras fueron otorgadas a constructoras de manera directa y fraccionadas (una parte para las paredes, otra para los baños, otra para la pintura…) para no alertar a la Intervención. Esto también ocurrió en institutos que no han sido mencionados por la instructora, como el instituto de FP a Distancia Ignacio Ellacuría. Para pagar sin levantar sospechas, Educación ingresó el dinero a un instituto de Móstoles y ordenó que abonara esas obras de Alcorcón.

El principal imputado, exsubdirector de FP cesado cuando surgió el escándalo, afirmó en su declaración ante el juzgado que el consejero de Educación de aquel entonces, Enrique Ossorio (actual presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid), estaba al tanto y que el procedimiento era el mismo a su llegada y salida. También mencionó que todo era supervisado y aprobado por la Dirección de Área Territorial, ya que los directores de instituto no cuentan con la capacidad de decidir las obras ni de gestionar los presupuestos, que son asignados y auditados desde la Consejería. Durante el periodo investigado, la mano derecha de Ossorio era Rocío Albert, actual consejera de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso.

Fue el propio empresario que construyó la ampliación de Ciudad Escolar quien alertó al notar que no le pagaban. Empezó a exigir a los directores de instituto y, al ver que pasaban los meses y que debía hacer una suspensión de pagos, comenzó a enviar burofaxes a la Dirección General, al departamento del actual consejero de Educación, Emilio Viciana, e incluso se reunió con un asesor de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien le prometió que la situación se solucionaría. Asegura que siempre cumplió con los procedimientos indicados, como se refleja en algunos correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es.

¿Qué ha hecho la Consejería de Educación?

Tras recibir el burofax con la reclamación de pago, y al comprobar que no existía un contrato oficial en ningún departamento, se inició una investigación sobre el caso de Ciudad Escolar. Un inspector entrevistó a funcionarios y al empresario. Al finalizar la instrucción, recomendó que el asunto se trasladara a la justicia debido a la gravedad de los hechos y a la posible comisión de un delito, según el informe enviado a la Fiscalía. Educación mantuvo el caso en secreto hasta que elDiario.es lo hizo público. Una denuncia de Podemos ante la justicia hizo que la investigación de la Fiscalía se suspendiera, llevando todo el caso al juzgado de instrucción. La Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO están personados en la causa.