Un tribunal culpa a exfuncionarios de Ayuso por las muertes en hogares de ancianos.

Un cuarto juzgado madrileño ha convocado a varios ex altos funcionarios de Isabel Díaz Ayuso para que comparezcan en relación con la muerte de ancianos en residencias de la Comunidad durante la etapa más crítica de la pandemia de coronavirus. En este contexto, tanto Carlos Mur como Javier Peromingo, quienes eran directores de atención sociosanitaria en ese momento, deberán presentarse como investigados el próximo 10 de febrero junto a Pablo Busca, que era el responsable del SUMMA 112 en aquel entonces. Este juzgado está indagando sobre la muerte de una anciana en una residencia de Manoteras.

Diversos juzgados de la región están investigando si los protocolos implementados por la Comunidad de Madrid en las primeras semanas de marzo de 2020 generaron una discriminación en contra de los ancianos en residencias al no permitir su hospitalización, mientras estos geriátricos permanecían sin la atención médica necesaria. Aunque en un primer momento varios juzgados archivaron las causas al considerar que estos ‘protocolos de la vergüenza’ eran decisiones discutibles pero no delictivas, recientemente otros juzgados han reabierto las investigaciones y han citado a estos responsables sanitarios como imputados, contradiciendo el enfoque anterior donde comparecían solamente como testigos.

La nueva citación se llevará a cabo el 10 de febrero en el juzgado 37 de la Plaza de Castilla de Madrid, donde las comparecencias más relevantes serán las de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo. En otros juzgados, ambos han repudiado la parte más controvertida de estos protocolos, que según los familiares, de hecho impidieron que sus padres y abuelos fueran trasladados a hospitales, donde las posibilidades de supervivencia hubieran sido mayores.

Martínez Peromingo señaló a Mur como el responsable de estos protocolos, mientras que Mur intentó distanciarse de dichos criterios. Además de ellos, también están convocados a declarar el responsable del Servicio de Urgencia Médica de Madrid y la geriatra de enlace del hospital Ramón y Cajal. Esta investigación se entrelaza con otras que están en curso en un juzgado de Collado Villalba y en dos más de la misma Plaza de Castilla. Otro juzgado de Leganés se inhibió tras intentar tomarles declaración.