La Fiscalía solicita a Igualdad que restrinja el acceso a los sitios web de 13 agencias de maternidad subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para bloquear el acceso en España a las páginas web de 13 agencias extranjeras dedicadas a la gestación subrogada. El ministerio público apunta a estas empresas por «ofrecer y llevar a cabo prácticas comerciales de gestación subrogada» que han sido declaradas «ilegales» en España. Esta acción se produce tras abrir una investigación motivada por diversas denuncias sobre publicidad ilícita. El ministerio de Ana Redondo señala en un comunicado que recibieron el escrito el miércoles por la tarde y lo analizarán con la Abogacía del Estado al día siguiente, subrayando que tienen la potestad para «iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita que dañe la imagen de las mujeres», aunque no pueden bloquear webs de forma administrativa.

Las empresas mencionadas operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, la gestación subrogada es ilegal desde 2006, cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley de aborto de 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. A nivel europeo, a partir de 2024, la explotación de mujeres a través de vientres de alquiler se clasificó como delito mediante una directiva.

A pesar de esto, numerosas personas españolas viajan cada año a naciones donde dicha práctica no es ilegal y, una vez que nacen los bebés, los registran allí y regresan a España, donde, en nombre del interés superior del menor, el Estado los reconoce mediante su inclusión en el Registro Civil para evitar que queden en un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado con el objetivo de cerrar aún más las grietas burocráticas; a partir de ese momento, ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni declaración con documentación médica es válida en los Registros Civiles de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido por gestación subrogada, sea cual sea el país de origen y las circunstancias individuales.

El Ministerio de Igualdad también recuerda en su comunicado que el año pasado «el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios» y lo «comunicó a la Abogacía del Estado para que tomara acciones judiciales contra cuatro empresas». A su vez, «la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio».

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No existen datos oficiales sobre el número de menores nacidos en España mediante esta práctica. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021 se contabilizaban más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, según los datos más recientes del Ministerio de Justicia. Tampoco se tiene certeza del coste que estas empresas asignan a lo que la legislación española considera violencia de género.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente dependiendo del país y del tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, Success–Maternidad Subrogada, que tiene su sede en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para «hombres solteros o parejas LGTBi» en Chipre, hasta un paquete «VIP ilimitado» en Grecia, que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza «el nacimiento de un niño sano» por 75.000 euros. Circle Surrogacy, de EE. UU., cobra 159.000 euros por este servicio.

En su escrito, la Fiscalía también menciona a Go4Baby, una agencia que se define en su sitio web como dedicada a la gestación subrogada con «programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, y para todo tipo de familias en Colombia y México». Promete a las parejas y personas interesadas que «su sueño está mucho más cerca» y añade: «Les ayudamos a construir su familia con transparencia y seguridad». Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se citan a Growing Generations, Invest Medical LLC, la georgiana Betaplus Fertility, y la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado incluye también a Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias operan principalmente en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha confirmado que todas sus páginas web estaban accesibles desde España este miércoles. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas por la Fiscalía para saber si han recibido algún requerimiento y cuál es su opinión al respecto. Hasta el momento, no ha habido respuesta.

A través de una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la fiscalía explica que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que motivó la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones inicialmente se centraron en ocho entidades y, por cuestiones de competencia, se repartieron entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias «cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal».

Sin embargo, durante las investigaciones de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, «se evidenció la existencia de otras entidades fuera del territorio de la Unión Europea que están involucradas en prácticas comerciales de gestación subrogada, accesibles y visitables online desde España». Esta parte fue enviada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, comenzó a reunir información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus páginas digitales.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía destaca la necesidad de inhabilitar el acceso a esas webs desde España para cumplir con la ley nacional de defensa de los derechos de las mujeres. En esa línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley considera las gestaciones subrogadas como una “forma grave de violencia reproductiva” e insta a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, «previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes», se ponga en contacto con las empresas que proveen servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a dichas webs, así como a todos los subdominios que puedan dirigir al contenido “ilícito”. Asimismo, si Igualdad considera que esta medida podría afectar a derechos de libertad de expresión e información, la Fiscalía recomienda solicitar la “resolución judicial” necesaria para llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, reiteran, evaluará el escrito de la Fiscalía este jueves, aunque insisten en que no poseen competencias administrativas para ejecutar lo solicitado.