La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para impedir que se acceda desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias dedicadas a las gestaciones subrogadas. El ministerio público ha señalado a estas empresas por “ofrecer y realizar prácticas comerciales de gestación subrogada” que son consideradas “ilegales” en España. Esta acción se toma tras la apertura de una investigación tras recibir múltiples denuncias por publicidad ilícita. El departamento dirigido por Ana Redondo aclaró en un comunicado que recibió la solicitud el miércoles por la tarde y que analizarán el tema junto a la Abogacía del Estado el día siguiente, destacando que tienen facultades para “iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, pero carecen de la capacidad administrativa para bloquear sitios web”.

En este contexto, las mencionadas empresas operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. En España, la gestación subrogada es ilegal desde 2006, cuando entró en vigor la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto en 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En Europa, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue tipificada como delito en 2024 mediante una directiva.

Pese a esto, muchos ciudadanos y ciudadanas españoles viajan cada año a países donde la gestación subrogada no es prohibida, inscribiendo a los bebés nacidos allí y regresando a España. De este modo, el Estado los reconoce en el Registro Civil amparándose en el interés superior del menor para evitar un vacío legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para restringir las lagunas burocráticas; a partir de entonces, ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni documentación médica es válida en ningún Registro Civil en España, incluyendo los de consulados, para inscribir a un bebé nacido a través de gestación subrogada, sin importar el país de nacimiento o las circunstancias individuales.

Además, el Ministerio de Igualdad recordó en su comunicado que también el año pasado “el Instituto de las Mujeres, mediante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe que identifica empresas que promovían servicios de gestación subrogada a través de publicidad en diversos medios”, y que se “informó a la Abogacía del Estado para que tomara acciones legales contra cuatro empresas”. Asimismo, “la Fiscalía se comunicó con el Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre la cantidad de menores españoles nacidos de esta manera. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, se contaban más de 3.200 niños nacidos desde 2010. En 2024, se registraron 154 bebés en el Registro Civil, según los datos más recientes del Ministerio de Justicia. No obstante, no se conocen exactamente los precios que manejan estas agencias para un procedimiento que la legislación española considera violencia de género.

Los precios de la gestación subrogada oscilan significativamente dependiendo del país y del tipo de cobertura ofrecida. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, Success–Maternidad Subrogada, que opera desde EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. Por su parte, Circle Surrogacy de EE. UU. cobra 159.000 euros por su servicio.

Asimismo, la Fiscalía menciona a Go4Baby, que en su sitio web se presenta como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, así como para todo tipo de familias en Colombia y México”. Prometiendo que “su sueño está mucho más cerca”, afirman: “Les ayudamos a construir su familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promover esta práctica en España. También se mencionan a Growing Generations y Invest Medical LLC, así como a la georgiana Betaplus Fertility y a la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado incluye también a las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias operan en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que todas sus páginas web estaban accesibles desde España este miércoles. Este medio ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su valoración, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

A través de una resolución firmada el martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público explica que su investigación se inició debido a varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se centraron inicialmente en ocho entidades, y por razones de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias de estas entidades “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las investigaciones realizadas por las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades fuera de la Unión Europea que efectúan prácticas comerciales de gestación subrogada, accesibles y consultables a través de su web desde España”. Esta parte fue trasladada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, empezó a recopilar información sobre las 13 empresas ahora señaladas con el fin de bloquear sus sitios web.

En el escrito remitido al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía subraya la necesidad de inhabilitar el acceso a estas páginas desde España para cumplir con la legislación nacional sobre la protección de los derechos de las mujeres. En esta línea, el ministerio público recuerda que desde 2023 la ley clasifica los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva”, instando a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas correspondientes”, se comunique con las empresas de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a dichas páginas, así como a todos los subdominios que conduzcan a contenido “ilícito”. Asimismo, si Igualdad considera que esta acción puede afectar a datos amparados por los derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía recomienda que se solicite la “preceptiva resolución judicial” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, reiteran, revisará el escrito de la Fiscalía este jueves, pero insisten en que no tienen competencias por la vía administrativa, que es lo que se les ha solicitado.