«Quieren hacerme daño»

Cuando en mayo se marchó a trabajar fuera de Madrid la entonces pareja de esta mujer española, el infierno no tardó en comenzar, explican los residentes del inmueble. «Empezó a traer a gente, de todo tipo. Tengo mucho miedo», asegura María, 68 años, viuda, que está medicada y lleva más de una docena de años viviendo allí. «Ella ya estaba muy enganchada cuando sus padres dejaron el domicilio», murmura entre dientes, por temor a ser escuchada por los periodistas. «Primero metió a un africano, en junio, porque como ella no tiene dinero (aunque recibe una ayuda de la Comunidad), ni paga la renta, ni nada, el tipo le daba alguna dosis a cambio de estar allí y “mangonear” en el narcopiso. Muchos vecinos no quieren hablar por miedo a represalias.

Ese es el ‘modus operandi’: Yoli, como la conocen, deja entrar a estos traficantes del barrio, que pernoctan allí, y reciben a sus clientes «a todas horas, con timbrazos a las cuatro y cinco de la madrugada»: «El trasiego es imparable, he llegado a contar hasta cien personas en un día. Los que viven aquí son los subalternos de dos mafias de Lavapiés, porque en el barrio hay muchos narcopisos», asegura Ana Aladro, de 65 años, retirada por enfermedad y vecina pared con pared del bajo de la supuesta delincuente.

«Ella me ha reconocido que padece esquizofrenia», afirma, lo que convierte a Yolanda en una persona con patología dual, al mezclarse con la drogadicción y haciéndola más peligrosa, pues no sigue ningún tratamiento. Ana es la portavoz de la comunidad de vecinos y recibe a este diario mientras redacta su intervención para el próximo pleno del distrito de Centro. «Estoy en contacto permanente con la Policía Nacional, que se está portando estupendamente con nosotros. No paran de venir», añade. Están recopilando imágenes, testimonios y demás pruebas para que un juzgado les otorgue la orden de entrada y registro en el narcopiso y así poder atajar la situación.

El 12 de febrero, ya se realizó un operativo en el lugar, «cuando había veinte personas dentro». A Yolanda la arrestaron, pero a las 48 horas ya había regresado del calabozo. «Volvió muy crecida, como disfrutando de que no podían hacer nada contra ella», explica la portavoz: «Ella mete allí a gente a cambio de droga y favores sexuales, aunque ya no es joven ni nada, tiene unos cincuenta años. A mí se me ha enfrentado gritando: ‘¡Esta es la hija de puta que nos quiere meter en la cárcel!’» y uno de los tipos se acercó a mi puerta y me dijo que quería cortarme el cuello, pasándose el dedo en señal de que me va a rajar. Me da miedo hasta salir a tirar la basura».

Roban la ropa que los vecinos tienen tendida; defecan en áreas comunes; dejan restos de papel de plata que utilizan para consumir basuco; han roto una de las puertas de acceso a la corrala (hay una en Tribulete y otra trasera, por Provisiones)… El narcopiso, de 40 metros cuadrados, además, sirve como fumadero.

«Pegan a mujeres toxicómanas»

Alberto es un joven que pasa mucho tiempo allí porque su novio reside en una de las viviendas. «Cuando llaman y no se les abre, aporrean la puerta. A nosotros nos han agredido. La semana pasada, volvíamos a casa a las diez y media de la noche y, al abrir el portal, tres hombres nos empujaron desde fuera para que les abriéramos y dejaran entrar, los contuvimos, pero a mi chico le dieron con la puerta en la espalda. Tuvimos que llamar a la Policía, que viene aquí todas las semanas», asegura. Por eso, dice que tiene «miedo» cuando va a ver a su pareja, a quien llama antes de entrar y cuando sale, para que esté al tanto. Otro asunto son las peleas entre los propios toxicómanos. «Incluso agreden a mujeres que acuden a comprar droga al piso», añade.

Los vecinos exigen mayor implicación por parte de la EMVS («Hemos enviado miles de correos electrónicos quejándonos»), pero fuentes de este organismo público explican a ABC: «Se está trabajando desde hace meses en este caso para resolver los problemas de convivencia que están afectando a los vecinos. La empresa municipal ya ha iniciado todas las actuaciones administrativas y judiciales que les permiten actuar, dentro del margen de sus competencias, que están limitadas a actuaciones en materia de vivienda, no de seguridad. Estos hechos fueron comunicados a los vecinos afectados en una reunión el pasado mes de enero, donde se les informó que la competencia y la solución, dada la gravedad de los hechos, deben venir del trabajo de la Policía Nacional y de la Justicia».

«Además, -agregan-, desde la Policía Municipal se ha ampliado hace meses la vigilancia en la zona con más presencia policial y también con agentes de paisano. Además, en la zona hay 65 cámaras de videovigilancia, recientemente renovadas, una de las iniciativas del Ayuntamiento desde que Almeida asumió la alcaldía».