El impostor que se hacía pasar por Redpiso: cómo un vendedor engañó a una decena de víctimas y estafó casi 100.000 euros | Noticias de Madrid

Un agente de una inmobiliaria asociada a Redpiso ideó un plan que creía perfecto para engañar a varias personas que deseaban adquirir una vivienda en la periferia de Madrid. Para ello, usaba el vehículo de la empresa, llevaba el uniforme y mostraba documentos con el logo de la compañía para parecer un agente fiable. Todo formaba parte de la estafa. Y tuvo éxito en su intento.

El método era sencillo. Ofrecía propiedades a buen precio y solicitaba dinero como señal para reservarlas. Sin embargo, en realidad no podía vender esas casas a ese precio, y en algunos casos, los propietarios ni siquiera estaban al tanto de que sus viviendas estaban siendo propuestas.

Durante un tiempo, el plan funcionó a la perfección. Al menos una docena de personas pagaron, creyendo que estaban reservando una vivienda. En total, entregaron 83.300 euros. Ahora, la justicia ha ordenado que el estafador indemnice a las víctimas con casi 100.000 euros. Ante la posibilidad de que se declare insolvente, las familias piden además a la empresa que responda como responsable subsidiaria, pero esta se niega. Con tanto dinero en juego, el conflicto está servido. Los tribunales han fallado a favor de las familias y han declarado a Redpiso responsables subsidiarios. La inmobiliaria, por su parte, ha apelado.

Una de las diez víctimas contabilizadas es Gema P. (no da su apellido por miedo a posibles represalias en su trabajo). Aún recuerda la noche en que todo se desmoronó. Había regresado con su pareja a Rivas-Vaciamadrid después de pasar la tarde en Madrid. Al llegar al chalé donde residían desde hacía más de una semana, encontraron la puerta rodeada de policías, guardias civiles y empleados de Redpiso. Les informaron que no podían entrar. La razón: la casa que acababan de comprar no era de ellos.

Casi 11 años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al agente que los estafó. “Este joven estaba en muy mal estado, con muchas adicciones”, cuenta el abogado Roberto Alonso Martín sobre el condenado. Se le imputan los delitos de falsificación de documento privado, estafa y apropiación indebida, con atenuante de “drogadicción y dilaciones indebidas”, según se detalla en la sentencia. Durante un tiempo, actuó a su antojo, pero comenzó a cometer verdaderas irregularidades: se quedó con el dinero de las arras de clientes que no tenían idea de lo que se estaba negociando en su nombre.

Aquella tarde de 2015, durante unos minutos y hasta que mostraron contratos, arras y documentos, nadie sabía si Gema y su pareja eran víctimas o intrusos. El episodio terminó con sus pertenencias en un almacén y sus planes familiares en pausa.

Gema tenía 28 años. Había visto un anuncio en una web similar a la de Idealista. Llamó y concertó una cita con un agente de Redpiso para visitar el inmueble, quien se presentó con su identificación y el uniforme de la empresa, lo cual no pareció extraño. Por lo demás, el piso era bueno y el precio muy atractivo: 270.000 euros por una casa amplia. Según el agente, los propietarios eran una familia china que necesitaba vender rápidamente. Gema había vendido su casa y tenía liquidez, lo que le permitía acelerar los plazos. Para formalizar la reserva, el agente solicitó la señal que se usa para reservar con una condición: cheque al portador.

Acostumbrados a las exigencias particulares de cada propietario, no les importó. Gema y su pareja terminaron entregando casi 40.000 euros. Era noviembre de 2015 y el tiempo apremiaba: debían abandonar su propio piso. Propusieron alquilar para no quedarse a la intemperie. Así fue: acordaron un alquiler de 30 días por 1.500 euros antes de poder mudarse a su nueva casa como propietarios de pleno derecho, ya que aún debían acudir al notario para firmar las escrituras.

Durante el periodo de negociación, los compradores nunca visitaron la oficina de la inmobiliaria, ya que todo se gestionó a través del agente, quedando en diferentes puntos de Madrid. Gema asegura que cada documento llevaba el sello y la firma de Redpiso. Todo parecía normal hasta que dejó de serlo.

La noche en que encontraron la puerta llena de gente, Gema y su pareja supieron que el agente había desaparecido. “Nos dijeron que el chico se había llevado el dinero, que había estafado a más personas y que no sabían nada de esto”. Ella recuerda la mezcla de angustia y rabia como un golpe físico. Posteriormente, vino el vacío: la casa no era suya y no tenían adónde ir: “No somos de Madrid, ninguno de los dos, ni tenemos familia aquí. Nos vimos en la calle”.

Esa misma noche durmieron en un hotel mientras sus muebles permanecían en el chalé. Al día siguiente, Redpiso les ofreció trasladar todo a un almacén, así que sus pertenencias acabaron en Pinto hasta que pudieron adquirir otra vivienda en Rivas. Pasaron diez días, y estiman una pérdida total de 40.000 euros. Pero eso no era todo: el estafador tenía acceso a documentos, llaves y datos de las viviendas. La casa, de hecho, tenía propietarios reales, aunque estaban pidiendo un precio mucho más alto, cerca de 400.000 euros.

Hoy, la pareja vive a menos de un kilómetro del origen de sus desvelos. Durante años, Gema evitó mirar al pasar. No fue hasta que comenzó a explicarle lo sucedido a su hija que pudo comenzar a procesarlo. No han recuperado el dinero y no saben si lo harán alguna vez.

Redpiso, por su parte, se desvincula completamente de lo ocurrido, niega su responsabilidad en el asunto y señala al estafador. Según explica Manuel Fernández, CEO de la empresa, el caso afecta a alrededor de ocho compradores.

Sin embargo, la situación no termina aquí, ya que los afectados demandan a la empresa la devolución de su dinero en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. “Todo esto ocurrió debido a un empleado fuera de su labor, fuera de la red de trabajo y con personas que no eran clientes de Redpiso”, argumenta Fernández.

Y esto no fue lo único que hizo. Según indica la sentencia, no le entregó todo el dinero de una venta a una propietaria y se quedó con el mobiliario de una casa que estaba comercializando.

El fundador de Redpiso contextualiza el caso en la dificultad de controlar la mala fe individual dentro de una gran estructura franquiciada. “Llevamos más de veinte años en esto, contamos con más de 20.000 trabajadores y nunca hemos tenido un problema de esta índole”. Fernández añade que, cuando el fraude salió a la luz, el trabajador fue despedido de inmediato. Además, resalta los mecanismos internos de control de Redpiso: “Somos la única inmobiliaria que cuenta con un portal de transparencia y un canal de denuncias”.

Respecto al debate fundamental —quién debe asumir el costo si el condenado resulta insolvente—, Redpiso sostiene que los compradores eran conscientes de que estaban evitando pagar honorarios. La Audiencia Provincial ha desestimado por ahora el argumento de que los afectados debieron realizar más comprobaciones, pero Redpiso continuará litigando.