Las Comunidades Autónomas se oponen al recorte del 35 % en la financiación propuesto por el Gobierno.

El plan del Gobierno central para la atención de menores extranjeros no acompañados (MENAs) ha generado una intensa controversia entre las comunidades autónomas de diversos signos políticos. El Ministerio de Juventud e Infancia ha reducido la financiación de 145 a 35,75 euros por niño y día, lo que representa un recorte cercano al 80 %. Con esta modificación, los gobiernos regionales advierten que apenas podrán cuidar a los menores durante tres meses, mientras que el coste real supera los 4.000 euros al mes por cada plaza.

Del “coste real” al modelo “low cost”

La cifra de 145 euros diarios, calculada en 2021, ya se consideraba ajustada, ya que incluye las ratios de educadores, seguridad privada y las mejoras contractuales necesarias en los centros de acogida. Con el recorte anunciado, comunidades como Castilla-La Mancha y Canarias alertan que el sistema se volverá insostenible. La consejera de Bienestar de Castilla-La Mancha, Bárbara García, fue categórica: “No se puede hacer un low cost con un tema tan sensible”.

En la fallida Conferencia Sectorial del 17 de julio, ambas autonomías calcularon que atender a los casi 4.000 menores pendientes de traslado desde Ceuta y Canarias costará alrededor de 250 millones de euros este año, mientras que el Gobierno central solo ha comprometido 100 millones.

Cataluña confirma los números

La Generalitat de Cataluña, en una respuesta parlamentaria, admitió que en 2024 gastó 115,5 millones en 4.802 menores tutelados, lo que equivale a 134,86 euros al día por joven. Esto representa más de 4.000 euros al mes, más del doble de lo que se asigna de media a una plaza residencial para ancianos o dependientes.

El problema, subrayan desde el Departament de Drets Socials, se agrava porque en muchos casos la tutela se extiende más allá de la mayoría de edad para asegurar la integración laboral.

Riesgo de colapso en los servicios sociales

Según estimaciones autonómicas, el coste anual de la acogida de los 3.975 menores que el Gobierno desea reubicar se aproxima a 190 millones de euros, una cifra que supera ampliamente la aportación estatal. El nuevo sistema, denuncian, obligará a “desmantelar servicios esenciales o cerrar dispositivos” en un momento de saturación de los recursos sociales.

El Gobierno de Melilla, bajo la administración del PP, ya reconoció hace meses que la atención a cada menor cuesta cerca de 60.000 euros al año, un gasto que ha sido calificado por Vox como “un agravio a las familias trabajadoras” en comparación con otras partidas sociales.

Un debate abierto en clave política

El Ejecutivo argumenta que la financiación estatal cubre únicamente la fase de emergencia y traslado, dejando la atención de los menores como competencia autonómica. Sin embargo, comunidades del PP, junto con Castilla-La Mancha y Canarias, han advertido que recurrirán el decreto de reparto si no se aumenta la aportación económica.

Mientras tanto, Cataluña, País Vasco y Navarra han quedado exentas del reparto obligatorio, aunque la Generalitat se ha comprometido a acoger a 31 menores adicionales, lo que implicará 1,5 millones más de gasto anual para sus cuentas.

La polémica refleja una creciente tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con acusaciones mutuas de “insolidaridad” y de intentar gestionar un asunto tan complejo con un presupuesto “a todas luces insuficiente”.