La Policía determina que los 100.000 euros aportados por un empresario a Alvise fueron claramente destinados a respaldar su campaña | España

La Policía Nacional ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, encargado de investigar la supuesta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” la afirmación del empresario Álvaro Romillo de haber entregado 100.000 euros al agitador ultra, fondos que habrían sido usados para financiar parte de su campaña electoral hacia las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde obtuvo 800.000 votos y tres escaños. En el informe se subraya que “es evidente que el objetivo detrás de la actuación de Luis Pérez Fernández es obtener fondos para financiar su campaña electoral, que además deben ser opacos, es decir, no declarados y de origen confuso, con el fin de evitar la fiscalización del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cifra finalmente entregada pudiera haber sido mayor, ya que Alvise mencionó en un mensaje intervenido que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este asunto en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, reconoció haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que destinara ese dinero a financiar las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes durante la declaración afirmaron que Alvise explicó que utilizó la mitad de esa suma para gastos personales y viajes profesionales, mientras que la otra mitad la tenía ahorrada. Romillo, quien declaró después de él, refutó su versión y, según las mismas fuentes, aseguró que quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. En este sentido, el documento policial respalda la declaración del empresario y enfatiza que “no hay evidencia que vincule la entrega de ese dinero con algún servicio que prestara a Álvaro Romillo o sus estructuras societarias, como había afirmado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, analiza los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería Signal, los cuales fueron recuperados del teléfono de Romillo. Tras verificar que no han sido alterados, los investigadores destacan que estos mensajes indican que el agitador ultra sugiere a Romillo “el potencial” de colaborar. “Con un buen acuerdo, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y sin la problemática de la persecución estatal”, se puede leer en uno de ellos.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran control por parte del Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede sufragar de su propio bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también incluye que necesita “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], eso me viene muy bien para financiar la aventura política […] En cash es irremarcable, sí”, expone en otro mensaje.

Respecto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes comentan que actúa por motivos puramente empresariales, “no siendo su intención directa financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que esa es la intención de Luis Pérez Fernández, colaborando así en su logro”. Según la Policía, el “principal incentivo” de Romillo son “sus expectativas de negocio a la hora de involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con el objetivo de lucrarse en consecuencia”. El informe policial recalca que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “las diferentes metodologías para mover capitales de manera que no sean trazables por las instituciones fiscalizadoras, ni identificadas como financiación de su campaña electoral”.

Así, añaden los agentes, dos días antes de que se llevara a cabo la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió a Alvise que el dinero que reciba SALF en forma de criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma financiera], de manera que los pagos que reciba SALF en diferentes wallets [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre supervisados por él, ya que será quien disponga de la clave privada […] que permite operar”. De este modo, resaltan los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía puntualiza que la estrategia de Alvise, “que consiste en introducir capitales en una sociedad simulando que se trata de una operación económica real”, ha sido “utilizada tradicionalmente en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. Básicamente, se busca “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que luego tiene el derecho de canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, generándose una ampliación del capital social […]. Este movimiento —según el informe— oculta la verdadera intención de los actores, en este caso, utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, entre las tres causas abiertas contra Alvise en el Supremo, la que investiga delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se investiga la difusión de una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios mensajes lanzados a través de Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.