La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise fueron claramente destinados a financiar su campaña.

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, encargado de investigar la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que considera “veraz” la afirmación del empresario Álvaro Romillo sobre que los 100.000 euros que le entregó al agitador ultra fueron destinados a parte de su campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que logró 800.000 votos y tres escaños. El informe policial enfatiza que “es evidente que el objetivo subyacente de la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que además debe ser opaca en cuanto a su declaración y origen, con el fin de evitar fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad entregada pudiera haber sido mayor, ya que Alvise, en un mensaje interceptado, mencionó que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este asunto en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, reconoció haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó que esos fondos se destinaran a la campaña electoral de 2024 de su formación política. Fuentes presentes durante la declaración indicaron que Alvise afirmó haber utilizado la mitad de ese dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, guardando el resto. Romillo, quien declaró después que Alvise, rebatió esa versión y, según las mismas fuentes, dejó claro que los 100.000 euros estaban destinados a los gastos del partido. Ahora, el informe policial respalda el testimonio del empresario y señala que “no hay información que vincule la entrega de ese dinero con la ‘prestación de servicio’ por parte de Alvise a Álvaro Romillo o a sus sociedades asociadas, como afirmara Alvise Pérez”.

El informe policial, datado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería Signal, que fueron recuperados del teléfono de Romillo. Tras verificar que no habían sido manipulados, los investigadores resaltan que estos mensajes indican que el agitador ultra muestra a Romillo “el potencial” de su colaboración. “Con un buen acuerdo, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente y yo puedo financiar mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, se puede leer en uno de ellos.

El político detalla sus “necesidades”, incluyendo “fondos que no necesiten ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede costear personalmente “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra agrega que también debe “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar a mi sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], también me viene bien eso para financiar la aventura política […] En cash es inrastreable, sí”, menciona en otro mensaje.

Sobre Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes apuntan que actúa por intereses exclusivamente empresariales, “no siendo su intención directa financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, contribuyendo a su logro”. Según la Policía, el “principal incentivo” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un fraude financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse”. El informe recalca que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “las distintas maneras de mover capitales sin que sean rastreables por las instituciones fiscalizadoras, ni detectadas como financiación para su campaña electoral”.

Así, los agentes indican que dos días antes de que se realizaran la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que reciba SALF en forma de criptomonedas “se compense en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos que reciba SALF en diferentes wallets [monederos virtuales] controladas por Romillo siempre estén bajo su control, ya que él tendrá la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, los agentes añaden que “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la estrategia de Alvise, “que consiste en introducir capitales en una sociedad simulando una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada por la criminalidad organizada”. En esencia, se trata de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, quien luego tiene el derecho de canjearlo por participaciones en la sociedad limitada, llevando a una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―se menciona en el informe― disimula la auténtica intención de los implicados, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

De las tres causas que Alvise tiene abiertas en el Supremo, esta es la que investiga delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En otra de las causas, se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. En la tercera, por mensajes emitidos a través de Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.