La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise fueron claramente utilizados para financiar su campaña | España.

La Policía Nacional ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de la campaña electoral de este para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, donde obtuvo 800.000 votos y tres escaños. El informe policial subraya que “resulta evidente que el ánimo subyacente en la actuación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, y que estos deben ser opacos, es decir, no declarados y de origen incierto, esperando que no sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera ser mayor, dado que el mismo Alvise menciona en un mensaje interceptado que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise compareció por esta causa en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, reconoció haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en su declaración indicaron que Alvise afirmó haber usado la mitad de esa suma para gastos personales y algunos viajes profesionales, manteniendo la otra mitad guardada. Romillo, quien declaró después de Alvise, desmintió esta versión y, según las mismas fuentes, afirmó que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para los gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario, resaltando que “no hay dato alguno” que vincule la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias asociadas, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el pasado 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, los cuales fueron recuperados por la Policía del teléfono de Romillo. Tras verificar que no han sido manipulados, los investigadores destacan que de ellos se desprende que el agitador ultra le muestra a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo podría financiar sin problemas mi campaña, sin la problemática de la persecución estatal”, se lee en uno de esos mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” así como “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que él no puede financiar de su bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra añade que también tiene que “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido] me viene bien también eso para financiar la aventura política […] En cash es inrastreable, sí,” dice en otro mensaje.

Respecto a Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, los agentes resaltan que actúa únicamente por intereses empresariales, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, contribuyendo a su consecución”. Según la Policía, el “principal aliciente” del empresario son “sus expectativas de negocio, vinculando a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse a través de ello”. El informe policial enfatiza que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario planteó a Alvise “las diversas formas metodológicas de mover capitales sin que sean trazables por las instituciones de control ni detectados como financiamiento de su campaña electoral”.

Asimismo, indican los agentes que, dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo propuso que el dinero que recibiera SALF a través de criptomonedas “fuera compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo siempre sean gestionados por él, ya que él es el que dispone de la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, los agentes añaden, “todas las contribuciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien indica a Alvise la necesidad de publicar en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la actuación de Alvise, “que consiste en introducir capitales en una sociedad simulando ser una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada”. En esencia, se trata de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que luego tiene derecho a canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, lo que resulta en una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―indica el informe― oculta la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, entre las tres causas que enfrenta en el Supremo, la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes lanzados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.