La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario dio a Alvise fueron claramente utilizados para financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la presunta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de la campaña electoral de este para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que logró 800.000 votos y tres escaños. El informe policial destaca que “es evidentemente claro que la intención subyacente de Luis Pérez Fernández es conseguir fondos para financiar la campaña electoral, los cuales deben ser opacos, es decir, no declarados y de origen difuso, con el objetivo de evadir el control del Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad final entregada haya sido mayor, ya que el propio Alvise menciona en un mensaje intervenido que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este caso en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó haber utilizado ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en la declaración afirmaron que Alvise aseguró que utilizó la mitad de ese dinero para gastos personales y algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía ahorrada. Romillo, quien declaró después que Alvise, desmintió esa versión, asegurando que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el informe policial apoya el testimonio del empresario y señala que “no existe evidencia alguna” que relacione la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias, como había declarado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, los cuales fueron recuperados por la Policía en el teléfono del primero. Tras confirmar que los mismos no han sido alterados, los investigadores destacan que de ellos se deduce que el agitador ultra sugiere a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña con seguridad y holgura, sin enfrentarme a la problemática de la persecución estatal”, se puede leer en uno de los mensajes.

El político enumera sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran control del Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad”, gastos que no puede cubrir de su propio bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra añade que también necesita “enfrentar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido] también me es útil eso para financiar la aventura política […] En cash es inrastreable, sí”, menciona en otro mensaje.

Con respecto a Romillo, conocido en redes como Luis CryptoSpain, los agentes indican que actúa por intereses exclusivamente empresariales, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque está plenamente consciente de que esa es la intención de Luis Pérez Fernández, ayudando así a que se logre”. Según la Policía, el “principal incentivo” del empresario son “sus expectativas de negocio relacionadas con incluir a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse a partir de ello”. El informe policial subraya que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario propuso a Alvise “diversas posibilidades metodológicas para mover capitales sin que sean trazables por las instituciones fiscalizadoras, ni identificadas como financiaciones de su campaña electoral”.

Así, los agentes indican que dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que reciba SALF en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de manera que los pagos que reciba SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo siempre estén bajo su control, pues será él quien dispone de la clave privada […] que permite operar”. De esta forma, añaden los agentes, “todas las contribuciones de terceros a través de criptomonedas serían recolectadas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la estrategia de Alvise, “que consiste en introducir capitales en una sociedad simulando que es una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada por la criminalidad organizada”. Se trata, esencialmente, de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, quien tiene luego el derecho de convertirlo en participaciones sociales de la sociedad limitada, lo que resulta en una ampliación del capital social […]. Este movimiento —señala el informe— oculta la verdadera intención de los actores, en este caso utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta causa, de las tres que están abiertas en el Supremo, es la que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partido, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, una se indaga por la difusión de una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y la otra por varios mensajes enviados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.