La Policía determina que los 100.000 euros que un empresario entregó a Alvise fueron claramente destinados a financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar un informe en el que considera “veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo declaró haber entregado al agitador ultra y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, fueron destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que logró 800.000 votos y tres escaños. El informe resalta que “es evidente que la motivación de Luis Pérez Fernández es la obtención de fondos para la campaña electoral, los cuales deben ser opacos, no declarados y de origen difuso, evitando así que sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad final entregada pudiera ser superior, dado que el propio Alvise menciona en un mensaje intervenido que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró ante el Supremo en julio pasado y, durante su interrogatorio, reconoció haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, aunque negó haber utilizado esa suma para financiar la campaña de su agrupación electoral en las elecciones europeas de 2024. Fuentes presentes en la declaración indicaron que Alvise afirmó que empleó la mitad de ese dinero en gastos personales y viajes profesionales, y que guardó el resto. Romillo, quien testificó después, contradijo esa versión y, según las mismas fuentes, aseguró que desde el principio quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Actualmente, el documento policial respalda el testimonio del empresario y subraya que “no hay evidencia” que relacione la entrega de ese dinero con “la prestación de servicios a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias, como había indicado Alvise Pérez”.

El informe policial, fechado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación Signal, recuperados del teléfono del primero. Tras confirmar que no han sido alterados, los investigadores señalan que estos mensajes revelan que Alvise le presenta a Romillo “las potencialidades” de su colaboración. “Con un buen acuerdo, tus proyectos podrían llegar a más gente, y yo podría financiar mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, dice uno de los mensajes.

El político detalla sus “necesidades”, mencionando “fondos que no requieran control por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad”, los cuales indica que no puede financiar de su propio bolsillo “por la ley de financiación de partidos políticos”. Añade que también debe “afrontar ciertas multas contra el estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como no puedo renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], eso me servirá para financiar mi aventura política […] En cash es irrastreable, sí”, dice en otro mensaje.

Sobre Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, los agentes apuntan que su interés es completamente empresarial, “no siendo su objetivo directo financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, ayudando a su consecución”. Según la Policía, el “principal motivador” del empresario son “sus expectativas de negocio para involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, considerada un chiringuito financiero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “con la intención de lucrarse”. El informe destaca que “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario propuso a Alvise “diversas formas de mover capitales sin que sean rastreables por las instituciones de fiscalización, ni detectados como financiación de su campaña electoral”.

Así, los agentes señalan que dos días antes de la entrega de fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo sugirió que el dinero que reciba SALF en criptomonedas “sea compensado en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos recibidos por SALF en diversas wallet [monederos virtuales] controladas por Romillo sean siempre supervisados por él, ya que es quien tiene la clave privada […] que permite operar”. De esta manera, indican los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recaudadas” por Romillo, quien sugiere a Alvise que comparta en sus redes sociales las direcciones de dichos monederos.

La Policía explica que la conducta de Alvise, “consistente en introducir capital en una sociedad simulando una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por bandas organizadas”. Se trata, esencialmente, de “simular que el dinero que entra es un préstamo realizado por un tercero, que luego tiene el derecho de canjearlo por participaciones de la sociedad, resultando en una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―establece el informe― disimula la verdadera intención de los actores, que en este caso es utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Este es, de las tres causas que enfrenta en el Supremo, el caso que investiga a Alvise por delitos más graves: financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, se le investiga por difundir una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa, y por varios mensajes enviados a través de Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.