La Policía determina que los 100.000 euros entregados por un empresario a Alvise fueron claramente destinados a financiar su campaña | España

La Policía Nacional ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez-Melgar, quien investiga la supuesta financiación irregular del eurodiputado y líder de Se Acabo la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, Alvise, un informe que “considera veraz” que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo afirmó haber entregado al agitador ultra fueron destinados a financiar parte de su campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, en las que consiguió 800.000 votos y tres escaños. El informe policial señala que “es evidente que el objetivo subyacente de la actuación de Luis Pérez Fernández es obtener fondos para financiar la campaña electoral, que además deben ser opacos, es decir, no declarados y de origen difuso, intentando evitar su fiscalización por el Tribunal de Cuentas”. Los investigadores no descartan que la cantidad finalmente entregada pudiera ser superior, ya que el propio Alvise menciona en un mensaje intervenido que necesitaría entre 300.000 y 360.000 euros.

Alvise declaró sobre este tema en el Supremo en julio pasado y, durante el interrogatorio, admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que utilizara ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral. Fuentes presentes en la declaración indicaron que Alvise sostuvo que había utilizado la mitad de ese dinero en gastos personales y en algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tenía guardada. Romillo, quien declaró después que el eurodiputado, desmintió esta versión y, según las mismas fuentes, afirmó que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido. Ahora, el documento policial respalda el testimonio del empresario y enfatiza que “no existe dato alguno” que vincule la entrega de ese dinero con “la prestación de servicio por su parte a Álvaro Romillo o a sus estructuras societarias vinculadas, como había manifestado Alvise Pérez”.

El informe policial, datado el 30 de agosto y elaborado por la Comisaría General de Información, examina los mensajes intercambiados entre Romillo y Alvise a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, los cuales fueron recuperados en el teléfono del primero. Tras confirmar que no han sido manipulados, los investigadores destacan que de esos mensajes se deduce que el agitador ultra le demuestra a Romillo “la potencialidad” de la colaboración entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a mucha más gente, y yo podría financiar mi campaña sin el problema de la persecución estatal”, se lee en uno de ellos.

El político expone sus “necesidades”, citando “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” y “fondos para el partido: seis actos, logística, propaganda y publicidad” que no puede pagar de su propio bolsillo “debido a la ley de financiación de partidos políticos”. El líder ultra también menciona que debe “afrontar ciertas multas por parte del estado y Protección de Datos (corruptos, pedófilos y ex altos cargos gubernamentales)”. “Como voy a renunciar al sueldo público [una de sus promesas electorales si es elegido], también me viene bien eso para financiar la aventura política […] En cash es irrastreable, sí”, dice en otro mensaje.

Respecto a Romillo, conocido en las redes como Luis CryptoSpain, los agentes señalan que opera con intereses estrictamente empresariales, “no siendo su intención directa financiar la campaña electoral de SALF, aunque es plenamente consciente de que ese es el interés de Luis Pérez Fernández, contribuyendo a su logro”. Según la Policía, el “principal incentivo” del empresario son “sus expectativas de negocio al involucrar a los seguidores de Luis Pérez como clientes” de su plataforma de inversión Madeira Invest Club, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) califica como un chiringuito financiero, “con la intención de lucrarse a consecuencia de ello”. El informe recalca que, “en numerosas ocasiones a lo largo de los mensajes”, el empresario expuso a Alvise “diversas posibilidades metodológicas para mover capitales sin que sean rastreables por las instituciones fiscalizadoras, ni identificadas como financiamiento de su campaña electoral”.

Así, añaden los agentes, dos días antes de la entrega de los fondos, el 25 de mayo de 2024, Romillo le sugirió que el dinero que reciba SALF materializado en criptomonedas “se compense en efectivo en Sentinel [una plataforma bancaria], de modo que los pagos que reciba SALF en diversos wallet [monederos virtuales] controlados por Romillo sean siempre gestionados por este, ya que es quien posee la clave privada […] que permite operar”. De este modo, añaden los agentes, “todas las aportaciones de terceros a través de criptomonedas serían recogidas” por Romillo, quien le indica a Alvise que publique en sus redes las direcciones de los monederos virtuales.

La Policía explica que la forma de actuar de Alvise, “consistente en introducir capitales en una sociedad simulando que se trata de una operación económica real”, ha sido “tradicionalmente utilizada en numerosas ocasiones por la criminalidad organizada”. Básicamente, se trata de “simular que el dinero entrante es un préstamo realizado por un tercero, que luego tiene derecho a canjearlo por participaciones sociales de la sociedad limitada, produciéndose así una ampliación del capital social […]. Este movimiento ―recoge el informe― oculta la verdadera intención de los actores, que en este caso es utilizar ese capital para financiar a la agrupación electoral SALF”.

Esta es, de las tres causas que se investigan en el Supremo, la que presenta delitos más graves para Alvise: financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la financiación electoral. En las otras dos, una se refiere a la difusión de una supuesta prueba falsa de covid del presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa. En la otra, se investigan varios mensajes enviados a través de la aplicación Telegram contra la fiscal de Odio de Valencia, Susana Gisbert, que, según el alto tribunal, podrían constituir un delito de acoso.