El juez ha tomado una decisión relevante en el caso de los detenidos por el escándalo de las mascarillas, al retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional a Koldo García, exasesor de Ábalos, junto a otras personas implicadas en el caso. Esta medida cautelar ha sido adoptada tras las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, que han llevado a la conclusión de que existen indicios suficientes para considerar la posible implicación de los detenidos en el presunto delito. La liberación con medidas restrictivas como la retirada del pasaporte apunta a garantizar la continuidad de la investigación y evitar posibles fugas o interferencias en el proceso judicial. La noticia ha generado gran expectación en la opinión pública, que sigue de cerca los avances de este caso que ha generado polémica en los últimos meses.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, ha decidido otorgar la libertad a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los implicados, por lo que el juez ha determinado su liberación. No obstante, se les ha retirado el pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, y se les ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
Los detenidos, entre ellos el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe, fueron puestos a disposición del magistrado por la Guardia Civil en el marco de una investigación por corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La operación también incluyó la toma de declaraciones al secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez, y a José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos. Los contratos bajo sospecha superan los 50 millones de euros y han sido destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno se ha comprometido a colaborar. Las investigaciones continúan en curso y no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta causa.
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