En una decisión que ha generado revuelo en la opinión pública, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. La medida cautelar de retirar el pasaporte, busca asegurar la presencia de los implicados durante el proceso judicial, mientras se continúa investigando el presunto delito de corrupción relacionado con la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Esta decisión se produce luego de intensas jornadas de interrogatorios y análisis de pruebas que han arrojado luz sobre las presuntas irregularidades cometidas. La sociedad aguarda con expectación el desarrollo de los acontecimientos y el desenlace de este caso que ha sacudido los cimientos de la gestión pública.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la liberación de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe, involucrados en la presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no ha solicitado prisión para ninguno de los detenidos. A pesar de esto, se les ha retirado el pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, y se les ha impuesto la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado.
La Guardia Civil detuvo al asesor de Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas y lo puso a disposición del juez junto a otros detenidos por supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19. La investigación, llevada a cabo por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, ha resultado en la detención de 14 personas y afecta a 20 individuos por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La pesquisa revela contratos por más de 50 millones de euros destinados a ministerios y comunidades autónomas, con adjudicaciones irregulares y procedimientos de emergencia. La trama de corrupción implica altos cargos gubernamentales y empresas relacionadas con la compra de material sanitario. La operación sigue activa y no se descartan más detenciones en el marco de esta causa.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con la investigación. La trama de mordidas en los contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia afectaría a gobiernos regionales, como el de Armengol y Torres. La situación continúa en desarrollo y se espera que se esclarezcan más detalles en las próximas horas.
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