En una decisión que ha generado gran expectación, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos relacionados con el controvertido caso de las mascarillas. La medida cautelar de retirar el pasaporte a García y a los demás implicados, ha sido tomada en el marco de la investigación que sigue curso en relación a presuntas irregularidades en la gestión de contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia. Esta noticia ha causado revuelo en la opinión pública y ha puesto de manifiesto la complejidad y sensibilidad del tema, así como la importancia de esclarecer los hechos con transparencia y rigor.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, responsable de la investigación sobre presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora Víctor de Aldama y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, incluido el exasesor de Ábalos, en relación con la presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, así como la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. La Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos y a otros implicados en este presunto caso de corrupción en la adquisición de mascarillas destinadas a diversos ministerios y comunidades autónomas.
En cuanto al exasesor de Ábalos, se ha negado a declarar ante el juez respecto a las presuntas irregularidades en los contratos de suministro de material sanitario. La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de varias personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Los contratos investigados superan los 50 millones de euros y han afectado a instituciones como los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. La Guardia Civil ha realizado registros domiciliarios y la operación sigue abierta, lo que podría derivar en nuevas detenciones en el marco de esta causa que se mantiene en secreto.
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