El juez encargado del caso mascarillas ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y conceder la libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos en este controvertido asunto. Esta noticia genera una gran expectación en la opinión pública, ya que el caso de las mascarillas ha sido uno de los temas más comentados en los últimos tiempos. La decisión del juez de permitir la libertad de los implicados, aunque con la medida de retirar el pasaporte, plantea nuevas incógnitas sobre el desarrollo del proceso judicial y el desenlace final de esta trama. Seguiremos atentos a las próximas actuaciones en torno a este caso.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha acordado la puesta en libertad de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha pedido al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ni de los otros tres detenidos que han pasado a disposición del juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado dejarles libres después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión para ninguno de ellos. Con todo, el magistrado ha impuesto la retirada del pasaporte a García, De Aldama y al empresario Iñigo Rotaetxe, además de la obligación de comparecencias quincenales ante el juzgado.
Los otros tres detenidos que han pasado ante el juez son el hermano de Koldo García; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La Guardia Civil detiene a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas. La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto.
El exasesor de Ábalos se niega a declarar ante el juez por las presuntas mordidas en la compra de mascarillas. La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.
El montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores. En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros.
Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores. En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros.
Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explican las fuentes consultadas, y se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia. En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas.
En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.
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