En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos en relación al caso de las mascarillas. La medida cautelar de retirar el pasaporte a García y a los demás involucrados, resalta la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ellos. Este giro en el caso ha despertado un intenso debate sobre la imparcialidad y la rigurosidad de la justicia en estos asuntos de gran relevancia pública. La liberación de los implicados, aunque con restricciones, marca un nuevo capítulo en este escándalo que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante semanas.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo de la investigación de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha ordenado la liberación de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para ninguno de los detenidos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas.
El juez ha decidido dejarlos en libertad, pero les ha retirado el pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de imponerles la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Los otros detenidos, el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF y el empresario Iñigo Rotaetxe, también pasaron ante el juez.
La Guardia Civil arrestó a un asesor de Ábalos por supuestas mordidas en contratos relacionados con la compra de mascarillas destinadas a distintos ministerios y comunidades autónomas. En total, 14 personas fueron detenidas en relación con este caso de corrupción. La investigación, liderada por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, ha revelado presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos.
Las detenciones, acompañadas de registros domiciliarios, se realizaron en varias provincias españolas. Las pesquisas apuntan a contratos públicos por más de 50 millones de euros, con adjudicaciones de material de protección para los ministerios de Transportes e Interior y para comunidades autónomas como Baleares y Canarias. La operación sigue abierta, con la posibilidad de más detenciones en el futuro cercano.
Deja una respuesta