El juez a cargo del caso mascarillas ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y dejar en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos involucrados en este escándalo. Esta medida ha generado un gran revuelo en la opinión pública, ya que se trata de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. La investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de contratos de mascarillas durante la pandemia ha mantenido en vilo a la sociedad, y la liberación de los implicados plantea nuevas incógnitas sobre el desenlace de este proceso judicial. La justicia deberá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados en este controvertido asunto.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, quienes han pasado a disposición judicial por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha impuesto la medida de retirada del pasaporte a García, De Aldama y al empresario Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Los otros detenidos presentados ante el juez son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
Por su parte, la Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos por supuesta corrupción en la compra de mascarillas, poniendo a disposición judicial a cuatro de los 14 detenidos por presuntas mordidas en contratos relacionados con la pandemia de Covid-19. Estos contratos estaban destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha resultado en la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 personas en total.
La investigación apunta a contratos públicos por un valor superior a los 50 millones de euros, siendo firmados por el Ministerio del Interior y otras administraciones públicas. Los contratos se habrían tramitado de manera negociada y de emergencia, generando sospechas de corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
Ante este escenario, el Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas relacionado con Koldo García, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las autoridades en la investigación. La operación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones en relación con este caso que sigue bajo secreto judicial.
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