En una decisión que ha causado revuelo en el ámbito judicial, el juez ha retirado el pasaporte y ha concedido la libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos relacionados con el escándalo de las mascarillas. Esta noticia ha generado controversia y ha levantado sospechas sobre posibles implicaciones políticas en un caso tan sensible como el de la gestión de material sanitario en plena crisis de la pandemia. La decisión del juez de dejar en libertad a los detenidos, pero retirándoles el pasaporte, ha despertado interrogantes sobre el alcance de las investigaciones y el futuro desarrollo del caso. Se espera que este suceso continúe generando titulares y debate en las próximas semanas, mientras se esclarecen los detalles y las posibles ramificaciones de este importante caso.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien está llevando a cabo la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ni de los otros tres detenidos que han comparecido ante el juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. El magistrado ha ordenado la retirada del pasaporte a García, De Aldama y al empresario Iñigo Rotaetxe, así como la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
La Guardia Civil detuvo a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas destinadas a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. La investigación sigue abierta y se han realizado detenciones y registros domiciliarios en distintas provincias de España.
La operación, dirigida por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos. La investigación se centra en contratos durante la pandemia de Covid-19 que superan los 50 millones de euros, afectando a administraciones públicas como el Ministerio del Interior.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre este caso, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las autoridades. La trama de mordidas en contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia podría alcanzar a gobiernos autonómicos. La operación sigue en curso y no se descartan más detenciones en las próximas horas.
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