El juez a cargo del caso mascarillas ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y conceder libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros implicados en la trama. Esta resolución ha generado gran interés en la opinión pública, ya que el caso de las mascarillas ha sido objeto de polémica y seguimiento mediático. La medida de retirar el pasaporte a los implicados resalta la seriedad con la que se está llevando a cabo la investigación de este escándalo, que ha sacudido los cimientos de la política nacional. La libertad otorgada a García y al resto de detenidos plantea nuevas incógnitas sobre el desarrollo futuro de este caso que ha mantenido en vilo a la sociedad durante las últimas semanas.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo de la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, quienes deberán cumplir con medidas como la retirada del pasaporte y presentarse quincenalmente ante el juzgado. Los arrestados están relacionados con presuntos actos de corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Por su parte, la Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por su presunta implicación en la corrupción relacionada con la compra de mascarillas. Se trata de uno de los 14 arrestados por supuestas mordidas en contratos vinculados al suministro de material sanitario a diversos organismos, incluyendo ministerios y comunidades autónomas.
En otro orden de ideas, el exasesor de Ábalos se negó a declarar ante el juez en relación con las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ha derivado en la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El monto de los contratos bajo escrutinio supera los 50 millones de euros, afectando a entidades públicas como el Ministerio del Interior, donde se adjudicaron importantes sumas a empresas por material de protección. Los contratos fueron tramitados de manera urgente y sin publicidad, levantando sospechas sobre posibles prácticas corruptas.
La trama de mordidas en contratos de emergencia durante la pandemia ha generado repercusiones políticas, con exigencias de explicaciones por parte del Partido Popular y la promesa de colaboración por parte del Gobierno. La investigación continúa en curso, con la posibilidad de nuevas detenciones en las próximas horas en el marco de esta causa que se mantiene bajo secreto judicial.
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