El juez ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y conceder la libertad a Koldo García y a otros involucrados en el caso de las mascarillas, exasesor de José Luis Ábalos, tras haber sido detenidos en relación a presuntas irregularidades en la gestión de la compra de material sanitario durante la pandemia. Esta medida se ha llevado a cabo luego de que los detenidos prestaran declaración ante las autoridades competentes. El caso ha generado gran controversia y ha puesto en entredicho la actuación de ciertos funcionarios públicos en un momento crítico para la salud pública. La investigación continúa en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha acordado la puesta en libertad de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ni de los otros tres detenidos que han comparecido ante el juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia. El magistrado ha impuesto la medida de retirada del pasaporte a García, De Aldama y al empresario Iñigo Rotaetxe, además de la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado.
La Guardia Civil detiene a un asesor de Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19, cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas, en una indagatoria por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a 20 personas en total. Los contratos de estas administraciones públicas superan los 50 millones de euros, según estimaciones.
El Partido Popular exige explicaciones sobre el caso de las mascarillas de Koldo García, mientras que el Gobierno promete colaborar. La Guardia Civil también ha solicitado documentación al Ministerio de Transportes en el marco de la investigación por las presuntas mordidas. La operación sigue abierta y se espera que haya más detenciones en el marco de esta causa que permanece en secreto.
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