En una decisión polémica, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos, en relación al caso mascarillas. Esta medida, tomada tras una intensa jornada de comparecencias, ha generado gran controversia en la opinión pública y ha avivado el debate sobre la corrupción en el ámbito político. La investigación sigue su curso y se espera que se esclarezcan los hechos que rodean este escándalo, que ha sacudido los cimientos de la administración pública. La justicia deberá determinar si existen pruebas suficientes para imputar a los implicados y garantizar que se respete el debido proceso en este delicado asunto.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha tomado la decisión de poner en libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado al juez la prisión preventiva para Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ni para los otros tres detenidos imputados por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El magistrado ha determinado dejarlos en libertad, no obstante, ha impuesto la medida de retirar el pasaporte a García, De Aldama y al empresario Iñigo Rotaetxe, además de la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado.
Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, poniendo a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19. Estos contratos, destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias, han sido objeto de investigación.
La investigación, llevada a cabo por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha propiciado la detención de 14 personas y afecta a un total de 20 implicados en delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
Las detenciones realizadas por la Guardia Civil en diferentes provincias españolas han estado acompañadas de registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. La investigación estima que el monto de los contratos públicos supera los 50 millones de euros y ha involucrado a administraciones como el Ministerio del Interior, con adjudicaciones de material de protección por valor de millones de euros.
En este contexto, el Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas de Koldo García, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las autoridades correspondientes en este proceso judicial en curso. La trama de presuntas mordidas en los contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia podría afectar a los gobiernos de diferentes comunidades autónomas.
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