Descubrimiento fiscal en terreno destinado a campesinos en Chimichagua: el suelo no es apto para actividades agrícolas.

La Contraloría General de la República, a través de su Delegación para el Sector Agropecuario, ha identificado un hallazgo administrativo con impacto disciplinario y fiscal por un total de 4.161 millones de pesos en la adquisición del predio La Grosería, localizado en Chimichagua (Cesar). Esta compra fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para integrarlo al Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral.

El ente de control sostuvo que la ANT procedió con la adquisición del predio a pesar de que este estaba ocupado por familias en situación de invasión, una circunstancia que había sido reconocida formalmente en un Acta de Compromisos firmada por entidades nacionales, autoridades locales y comunidades campesinas. En este documento se había dejado constancia de la existencia de asentamientos en dicho terreno, lo cual evidenciaba la falta de disponibilidad material para su compra.

El acta también mencionaba la creación de una mesa de diálogo para buscar soluciones a los conflictos de tierras, acordándose además la suspensión de los operativos de desalojo, argumentando que el predio sería adquirido por la ANT. Se pactó la caracterización de los ocupantes para confirmar si cumplían los requisitos para ser beneficiarios de programas de acceso a tierras, sin que la ANT hubiese confirmado previamente la situación jurídica ni el estado real de ocupación del inmueble.

De acuerdo con el análisis de la Contraloría, la entidad continuó con la compra sin cumplir las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la Ley 160 de 1994, así como del Decreto 1071 de 2015, que estipulan la necesidad de evaluar la aptitud técnica de los predios rurales. El estudio reveló que la mayor parte del terreno pertenece a suelos de clases agrológicas VII y VIII, considerados por el IGAC como improductivos e inapropiados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.

En este contexto, el predio no cumplía con los criterios técnicos de selección ni con los requerimientos de uso del suelo y vocación productiva necesarios para su incorporación al Fondo de Tierras, lo que comprometió la eficiencia del programa y representó un uso indebido de recursos públicos destinados a la Reforma Rural Integral.

En resumen, la ANT hizo una inversión de 4.161 millones de pesos en la compra de un terreno sin capacidad productiva y ocupado por terceros, en contravención de la Ley 160 de 1994 y de los lineamientos del Acuerdo Final de Paz, resultando en el hallazgo fiscal y disciplinario destacado por la Contraloría.