El Gobierno sugiere a la avanzada Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en España.

El Gobierno ha designado a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal con una sólida trayectoria en la lucha contra la violencia de género, para reemplazar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La elección del Ejecutivo se produce tras la condena del Tribunal Supremo, que inhabilitó a García Ortiz por dos años debido a un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien está bajo investigación por fraude fiscal. García Ortiz permanecerá en su puesto hasta que Peramato asuma el cargo en unas semanas.

Peramato es una fiscal con 35 años de carrera, actualmente ocupa el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, además de ser fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Luego del Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha destacado su trayectoria “intachable” e “impecable” y su formación jurídica “extraordinaria”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha estado en contacto constante con Pedro Sánchez —quien llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 6:05 de su gira africana—, subrayó en una comparecencia que la futura fiscal general representa un “compromiso feminista y de servicio público”. Peramato se convertirá en la cuarta mujer en liderar la Fiscalía General, tras Consuelo Madrigal, María José Segarra y Dolores Delgado.

La propuesta del Gobierno tiene el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”, según La Moncloa. Su fortaleza radica en su amplia experiencia, dedicándose especialmente a la lucha contra la violencia machista. De hecho, es considerada una de las principales impulsoras de la especialización judicial en este ámbito. En 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer que elaboró el Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Además, ocupó el cargo de fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Bolaños ha enfatizado el “protagonismo indiscutible” de Peramato en la implementación de la ley de violencia contra la mujer hace dos décadas, una normativa pionera y especializada para acompañar a las víctimas de violencia de género. “No hay duda de que es una persona absolutamente idónea para enfrentar los retos del Ministerio Fiscal”, afirmó el ministro, añadiendo que uno de esos retos será “seguir reforzando la autonomía” de la Fiscalía. Curiosamente, la condena a García Ortiz se produce en una fecha que coincide con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, mientras que la propuesta de su sucesora se da con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que, según Bolaños, explica la rapidez con la que el Gobierno ha actuado.

En un tono diferente al de Bolaños, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado a la ciudadanía a movilizarse en protesta contra el fallo del Supremo. Díaz ha afirmado que “es un derecho movilizarse” y “salir pacíficamente a las calles”, subrayando que “las calles no son de ellos, son de la democracia en España”. “Esto también es hacer pedagogía democrática en un país que ha vivido 40 años de franquismo”, ha declarado la líder de Sumar. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país”, agregó.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado la concentración de Falange la semana pasada cerca de la sede del PSOE, donde se escucharon gritos como “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. “El fin de semana hemos visto a ciudadanos manifestarse en muchas ciudades, respetamos esas movilizaciones, en contraste con la que vimos el viernes frente a la sede de Ferraz”, aclaró Alegría.

Peramato ha sido además presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que alinea su perfil con el mensaje que el Gobierno deseaba transmitir: que la sucesora de García Ortiz sería una figura abiertamente progresista. La designación del Gobierno refleja “las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado, según la UPF, que destaca su “acreditada solvencia técnica” y una trayectoria caracterizada por “el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. Esta asociación resalta su compromiso con la protección de las víctimas, especialmente las de violencia de género, y su contribución a crear un modelo especializado y sensible ante una de las vulneraciones más graves de derechos humanos en nuestra sociedad.

Peramato será la cuarta persona en ocupar el cargo desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. María José Segarra dirigió la Fiscalía de enero de 2020 hasta julio de 2022, cuando Dolores Delgado asumió el cargo hasta su dimisión por problemas de salud, tras lo cual García Ortiz tomó el relevo. Bolaños ha lamentado que García Ortiz haya sido objeto de “despiadados” ataques “incluso antes de ser nombrado” y ha elogiado su “vocación de servicio indiscutible”.

García Ortiz permanecerá en funciones hasta que se publique su cese en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia este lunes era necesaria para que el Consejo de Ministros comenzara el proceso de elección de la nueva jefa del ministerio público. Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado su destitución de forma anticipada. La intención es llevar a cabo la destitución el mismo día en que sea nombrada Peramato. Por lo tanto, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y número dos de la cúpula fiscal, no asumirá la fiscalía general en funciones, rol que seguirá siendo desempeñado por García Ortiz hasta que Peramato complete formalmente un proceso que puede durar varias semanas.

El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este miércoles, el Pleno del órgano judicial discutirá la propuesta de nombramiento del Ejecutivo en una reunión programada al mediodía. Después de recibir el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno deberá comunicar su propuesta al Congreso, que fijará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se evalúe su idoneidad. Este año, el Poder Judicial no respaldó por primera vez la propuesta de nombramiento de un fiscal general, que fue a García Ortiz. El Gobierno confía en que esta vez no ocurra lo mismo y el proceso finalizará cuando la aspirante tome posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estableció este lunes como requisitos que la persona propuesta por el Ejecutivo sea un “jurista con 20 años de experiencia”, cuente con el respaldo vinculante del Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre la idoneidad del candidato y que no haya ocupado cargos políticos en los últimos cinco años. “Nosotros, como Gobierno, cumplimos la ley y no inventamos requisitos. Este proceso se atiene escrupulosamente a la normativa, acordada con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En ese acuerdo no se estableció ninguno de los requisitos que Feijóo propuso”, explicó Bolaños sobre el pacto entre PP y PSOE que desbloqueó la renovación del órgano judicial tras más de cinco años de estancamiento por parte de la derecha.

El ministro de Presidencia también criticó la reacción del PP sin esperar a conocer la identidad de la futura fiscal general. “Las reacciones del PP han sido confusas y erráticas, con algunas expresiones que reconocen su trayectoria y otras más agresivas. Ayer Feijóo decía que esto es una muestra de la degradación sanchista…. Estas expresiones solo hacen que pierdan credibilidad y se traguen sus propias palabras. Ellos mismos envenenan la convivencia”, afirmó Bolaños acerca de un nombramiento que considera “absolutamente idóneo”.

García Ortiz presentó este lunes su renuncia mediante una carta al ministro de Justicia. En la misiva dirigida a Bolaños, explicaba que su decisión de anticipar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación, y “sin esperar a conocer la motivación de la sentencia”, responde a su “profundo respeto” a las decisiones judiciales y su intención de “proteger siempre a la Fiscalía española”. “Aunque mi decisión deriva directamente del fallo que me han notificado, estoy convencido de haber servido fielmente a la institución a la que me honra pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz podría haber permanecido en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos de su condena (por ahora solo ha hecho público el fallo), ya que será en ese momento cuando la pena surta efecto. Sin embargo, el fiscal general decidió anticipar su salida amparándose en el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que permite al fiscal general del Estado cesar “por voluntad propia”.